El ejercicio de la función de fiscalización es sin duda una herramienta indispensable para propiciar un mejor uso de los recursos públicos y generando mayor credibilidad en las acciones gubernamentales, ante una sociedad que demanda día a día una mejor rendición de cuentas y transparencia en el quehacer gubernamental.

Por las razones expuestas, a nombre del grupo parlamentario del PRI, la diputada Sonia Villarreal Pérez presentó ayer ante el Congreso del Estado, el proyecto de decreto de reforma de la Constitución Política del Estado de Coahuila, para que las cuentas públicas e informes de avances financieros sean entregadas a la Auditoría Superior del Estado. 

La legisladora Sonia Villarreal Pérez expuso que a partir de la reforma constitucional del estado de 2007, se fortalece al órgano superior de fiscalización del Poder Legislativo, la Auditoría Superior del Estado inicia sus funciones bajo un nuevo esquema, se le otorga autonomía técnica y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, contando para ello con personalidad jurídica y patrimonio propio y al cual le es delegada la función de fiscalización de las cuentas públicas de las entidades.

Señaló que dicho proceso de fiscalización inicia a partir de que la Auditoría Superior del Estado recibe del Congreso del Estado las cuentas públicas que presentan, ante esta soberanía, las entidades sujetas a fiscalización.

Dijo que las entidades, es decir, los poderes, sus órganos y dependencias, organismos públicos autónomos, las entidades paraestatales, los municipios, sus órganos y dependencias, sus organismos descentralizados y paramunicipales; fondos o fideicomisos públicos o privados o cualquier otra figura jurídica similar que hayan recibido por cualquier título recursos públicos.

Asimismo, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya tenido o tenga a su cargo la recaudación, custodia, administración, manejo, aplicación o ejercicio de recursos públicos federales, estatales o municipales y que por dicha razón sean sujetos de fiscalización, tienen la obligación de presentar su cuenta pública e informes de avance de gestión financiera, ante esta Soberanía, en los términos y plazos que determina la ley.