Huy Pham, de Saint Paul, Minnesota, cree que cualquier concesión que se haga respecto a los dreamers desatará otra ola de inmigración ilegal. Daniel Cotts, de Phoenix, considera que una “amnistía general” para ellos sería injusta con los extranjeros que esperan durante largos años para poder vivir legalmente en Estados Unidos.

En encuesta tras encuesta se ha mostrado que la mayoría de los estadounidenses apoya la protección para esos dreamers, los migrantes jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que podrían ser deportados empezando en marzo tras la revocación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés). Sin embargo, para algunos ciudadanos estadounidenses la idea de legalizar el estatus de un migrante sin documentos siguen sin ser una alternativa aceptable.

No niegan que la mayoría de los inmigrantes son diligentes y muy trabajadores, y que no escogieron la situación de vida que los llevó a migrar, pero dicen que eso no es relevante.

“Creo que a los beneficiarios del DACA deben darles unos cuantos meses para que arreglen sus asuntos y regresen a sus países de origen”, dijo Sterry, de 58 años, una exprofesora de matemáticas, en referencia al programa del gobierno de Obama. El presidente Donald Trump ha dicho que será desmantelado en marzo, con demandas pendientes contra la revocación, aunque un acuerdo en el congreso podría revivir o remplazar el programa.

Sterry le dice a aquellos que argumentan que los migrantes jóvenes estarían a la deriva de ser expulsados a un país que no conocen ni recuerdan: “Los padres y los hijos pueden irse todos juntos a casa”.

Menos de un cuarto de los electores estadounidenses –en algunas encuestas solo uno de cada diez– comparten las creencias de Sterry. No obstante, la gente que opina como ella muestra la forma en que los conflictos emocionales sobre los migrantes indocumentados han obstaculizado la legislación respectiva durante más de una década, polarizando a ambos partidos del gobierno estadounidense. Más recientemente, esas divisiones llevaron a un breve cierre de la administración por una disputa sobre si el presupuesto debe incluir la previsión de apoyo a los dreamers, aunque al final hubo un pacto para tener fondos temporales y reanudar operaciones que no resolvió el problema migratorio.

Del lado liberal, los progresistas están molestos con senadores demócratas como Chuck Schumer, el líder de esa bancada minoritaria en la cámara alta, por permitir que el gobierno reanudara sus operaciones sin una garantía de protección para los beneficiarios del DACA.

Del lado republicano, los moderados sienten la presión de los miembros de línea dura que quieren que la propuesta de legalización incorpore cambios importantes en la aplicación de la ley migratoria, incluyendo medidas a las que los demócratas por lo general se oponen, como financiar un muro fronterizo, medidas como cambios al sistema de visados para reducir de manera drástica la inmigración en general y un giro para que la admisión de migrantes sea a partir de presuntos méritos, en contraste con el sistema basado en lazos familiares que los críticos llaman “migración en cadena”.

Trump ha expresado repetidamente su apoyo a la legalización de los beneficiarios del DACA; recientemente dijo que estaba abierto a otorgarles un camino hacia la ciudadanía “en algún momento futuro, en un periodo de diez a doce años”. Pero él también ha sentido la presión de los funcionarios de su gobierno que se oponen a ese programa.

Al anunciar el fin del DACA en septiembre pasado, el fiscal general Jeff Sessions lo llamó una “amnistía ejecutiva unilateral” que habría alentado una mayor inmigración ilegal y que “negó empleos a cientos de miles de estadounidenses al permitir que esos trabajos fueran ejercidos por extranjeros sin documentos”.

En entrevistas, los votantes que se oponen a la naturalización de los migrantes sin papeles o a la legalización de su estatus dicen que sienten que el gobierno se ha vuelto rehén de quienes simpatizan con los jóvenes migrantes. Aunque la mayoría de los opositores al tema se han resignado a la posibilidad de que se produzca un acuerdo y dijeron que podrían vivir con eso si los sectores conservadores del gobierno consiguen a cambio nuevos controles migratorios importantes.

Varios hicieron referencia a la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA, por su sigla en inglés) que fue firmada por el presidente Ronald Reagan en 1986. Esta le otorgó estatus legal a 2,7 millones de personas al tiempo que reforzó la seguridad en la frontera con México y añadió castigos estrictos a los empleadores que contrataran a trabajadores indocumentados. Los opositores de un programa migratorio en la actualidad recalcan que aunque con el IRCA se prometió reducir la migración ilegal, la cantidad de personas indocumentadas desde entonces ha crecido a un estimado de 11 millones.

“Otorgarle estatus legal a los dreamers podría causar un efecto dominó en el que otras familias traigan a sus niños pequeños con la esperanza de que con el tiempo a sus hijos también se les otorgue el estatus legal”, dijo Jaclyn Haak, de 19 años, una estudiante de ingeniería química de la Universidad de Minnesota.

Reconoció que muchos beneficiarios del DACA contribuyen a la economía, pero dijo que eso no significa que legalizarlos sea bueno para el país. Afirmó que podría minar las perspectivas laborales de los estadounidenses, haciendo eco de una inquietud de los grupos que quieren restringir la inmigración.

Para Pham, de 39 años, el asunto es personal. Él también llegó a Estados Unidos cuando apenas estaba aprendiendo a caminar, con el estatus legal de refugiado de Vietnam. Él y su familia estuvieron detenidos en un campo para solicitantes de asilo en el extranjero durante más de un año hasta que pudieron encontrar patrocinadores estadounidenses.

“Si nosotros pudimos hacerlo de la manera legal, ellos también pueden”, dijo Pham, un consultor de tecnología de la información. “No tenemos que estar creando nuevos programas ni darles un trato preferencial”.

Varios de los votantes que se oponen a la legalización dijeron estar bien informados sobre algunos de los detalles del debate migratorio, como E-Verify, un sistema electrónico de verificación del estatus migratorio de posibles empleados que muchos republicanos quieren que sea obligatorio para todos los patrones, y sobre el programa de visas por diversidad, que admite hasta 50.000 extranjeros al año que pasan por un proceso de revisión, pero que no necesitan demostrar tener habilidades especiales ni vínculos familiares en Estados Unidos. Durante años han estado circulando propuestas para eliminar este programa.

Aunque estos votantes siguen siendo minoría, tampoco hay un apoyo absoluto por parte de la mayoría que sí quiere una legalización para los migrantes jóvenes.

En una encuesta reciente de CNN, hecha cuando estaba por darse el cierre de la administración, el 84 por ciento de los sondeados dijo apoyar un estatus legal para los dreamers. Sin embargo, cuando se les dio la opción de elegir entre mantener al gobierno en funciones o aprobar la legislación del DACA, el 56 por ciento dijo que era más importante que el gobierno siguiera funcionando. Solo el 34 por ciento dijo que era más importante aprobar como parte del debate presupuestal una propuesta de ley de naturalización, mientras que el resto opinó que ambas cuestiones eran igual de importantes o carecía de opinión al respecto.

Asimismo, el sentimiento en contra de la legalización tampoco es absoluto entre quienes la desdeñan. Cuando se les cuestionó sobre si creen que los dreamers deben ser deportados pronto, como sucedería a partir de marzo si no hay un acuerdo legislativo, algunos reflexionaron sobre su postura.

“Los enviarían a países con los que no están conectados, sobre los que no saben nada… es una situación muy compleja”, dijo Cotts, un abogado. Añadió que le gustaría que los legisladores “encontraran un punto medio”, quizá uno que prohíba que los migrantes se conviertan en ciudadanos con derecho a votar sin necesariamente expulsarlos.

Aunque Sterry, pese a todo, se aferró a su postura. “No finjamos que esto solo tiene que ver con los hijos”, dijo. Ella cree que una vez que se legalice a los jóvenes migrantes, se buscará la forma de legalizar a sus padres.

Cuando se le preguntó qué se siente adoptar una postura impopular, Sterry respondió: “No me importa ser popular. La amnistía está mal”.