A partir de este 2017 iniciará la transferencia de las Juntas Locales de Conciliación y Abitraje al Poder Judicial de Estado, de acuerdo con la reforma de la Ley Federal del Trabajo, para constituir tribunales laborales en materia de justicia laboral y que a través de juicios se afronten y superen los conflictos que haya entre los patrones y trabajadores de Coahuila, informó Rocío Mendoza Reséndiz. 

La secretaria de Acuerdos y Trámites de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Saltillo, agregó que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado tendrá a su cargo coordinar la transferencia de las Juntas locales de Conciliación y Arbitraje de Coahuila, al Poder Judicial del Estado. 

Con esta disposición se maneja que las juntas locales de conciliación y arbitraje desaparecerán, pero sólo serán transferidas al Poder Judicial, y ésto será de manera paulatina, por la gran cantidad de jucios laborales que se ventilan en la citada dependencia.

De ahí que el Poder Judicial del Estado tendrá a su cargo, a través de los juicios laborales con la participación de los patrones y trabajadores, buscar y lograr la concilición y acuerdos que contribuyan a resolver los conflictos laborales de las partes, expresó.

Mendoza Reséndiz recordó que en el mes de octubre de 2016, la Cámara de Senadores analizó y aprobó la reforma constitucional en materia de justicia laboral que desaparece las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para crear tribunales laborales que pertenecerán a los poderes Judicial, federal y estatal.

En el marco de la sesión ordinaria, se aprobó por 99 votos a favor la reforma impulsada por el Ejecutivo federal y que fue remitida a la Cámara de Diputados para su análisis.

De acuerdo con el dictamen, se transfiere la impartición de la justicia laboral —individual y colectiva— al ámbito del Poder Judicial de la Federación y de los poderes Judiciales de las entidades federativas, que hasta hoy competen a las juntas federal y locales de Conciliación y Arbitraje.

Este sistema se complementaría con un procedimiento de conciliación, previo al litigio, a tramitarse ante centros especializados cuya creación es parte de la reforma.

Con las Juntas de Conciliación y Arbitraje se pretendió que fueran tribunales de equidad, protectores de los derechos de los trabajadores, integrados por representantes obreros, patronales y de Gobierno, y que aplicarán las leyes laborales de manera flexible, no en forma rígida como los tribunales de derecho, afirmó. 

La reforma a la Constitución también regula los llamados contratos de protección, garantizando la contratación colectiva de los trabajadores y el derecho a huelga.