A seis años de que Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) campus Monterrey, fueran asesinados a balazos afuera de la institución presuntamente por militares, el caso sigue congelado.

Jorge Antonio era originario de Saltillo y fue acribillado junto con su compañero cuando salían de la institución, al ser confundidos con delincuentes cuando caminaban hacia el exterior del plantel para ir a cenar.

En diciembre del año pasado se dio a conocer que el director de averiguaciones previas de la PGR había cerrado la carpeta de investigación, la cual sería consignada ante un juez penal a principios del mes de enero de este año.

Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el expediente no ha sido enviado al juez y tampoco han emitido una causa de por qué esto no se ha hecho.

Cabe destacar que ya se dictó sentencia en dos casos similares al de los estudiantes del ITESM: en julio del 2015 un juez de lo penal dictó sentencia de 18 años de prisión en contra de un militar que en marzo de 2010 asesinó a una pareja en el municipio de Anáhuac, Nuevo León. 

Mientras que el pasado miércoles se informó que cinco militares fueron sentenciados a 22 años y seis meses de cárcel por el asesinato del joven Jorge Otilio Cantú Cantú, a quien le fue “plantada” una pistola tras ser abatido la madrugada del 18 de abril del 2011.

Fuentes cercanas informaron también que, de acuerdo con la carpeta de investigación, se involucra a más de 25 militares que ya han sido identificados; seis de ellos son los que participaron directamente en el doble homicidio.

Además, el año pasado familiares de una de las víctimas informaron que la justicia militar investigaba a uno de sus elementos, sin embargo en febrero de 2013 lo declararon inocente y quedó libre.  

En junio de 2014 quedó establecido en el Código Penal Militar que los militares que participen en delitos cometidos contra civiles serán procesados por la justicia civil. 

El artículo 57 establece que los militares responderán ante la justicia civil cuando el sujeto pasivo de los delitos sea un civil.