La titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, aseguró que durante su gestión se investigaron de manera exhaustiva casos como la Estafa Maestra, Odebrecht y el socavón en el Paso Exprés.

“Sobre los lamentables hechos ocurridos en julio del 2017, en la obra púbica denominada Ampliación del Libramiento de Cuernavaca, las contrataciones o subcontrataciones entre entidades de la administración pública federal y universidades y sobre los hechos relacionados, en materia administrativa, con la empresa Odebrecht y sus filiales, se actuó conforme a la ley”, dijo Gómez González, al comparecer ante las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados.

La secretaria afirmó que de esos y otros casos “se realizaron las investigaciones conducentes de manera exhaustiva”, conforme a las facultades de la secretaría, se emitieron resoluciones sancionatorias de carácter económico y administrativo.

“Puedo garantizarles que hemos ido al fondo de todos los asuntos sin importar cargos en el caso de servidores públicos o el poder económico cuando se trata de empresas”. Entre las sanciones mencionó la suspensión, amonestación, inhabilitación y destitución de servidores públicos.

La Estafa Maestra reveló un sistema de 128 empresas fantasma a través del cual el gobierno federal desvió más de 3 mil 433 millones. En los desvíos están involucradas las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

En total, durante la presente administración, dijo, el número de sanciones emitidas superan las 58 mil, mientras que la de sancionados llegó a 44 mil 046. “Y el monto de las sanciones se elevó a siete mil 161 millones 800 mil pesos”.

Gómez González explicó que el origen de dichas sanciones fue en su mayoría por omisión o presentación extemporánea de la declaración patrimonial; las auditorías de los órganos internos de control y denuncias de otros servidores públicos.

Además denuncias o quejas de la ciudadanía, y gestiones de la Auditoría Superior de la Federación, todo, recalcó, en apego a los principios de objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material, respeto a los derechos humanos y, sobre todo, al principio de presunción de inocencia.

Por ello, explicó, el procedimiento inicia con la investigación de la presunta responsabilidad, la cual continúa con la comparecencia del probable responsable, audiencias, periodo de pruebas, alegatos, cierre de instrucción y, se concluye con una resolución.

La titular de la Función Pública afirmó que con estas acciones relativas al control interno, vigilancia y auditoría, la secretaría abonó a la consolidación de una gestión pública íntegra y efectiva.

Con información de Notimex