Una de las razones por las cuales los ciudadanos tienen una percepción decepcionante respecto de la eficacia del Gobierno en el combate a la corrupción es que la evidencia parece demostrar, con insana frecuencia, cómo los esfuerzos periodísticos tienen mayores alcances en este propósito.

Un buen ejemplo de ello es el anuncio realizado ayer, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, relativo a la separación del cargo de tres funcionarios de Pemex, designados por el actual Gobierno de la República, sobre quienes recae la sospecha de haber participado en la trama de “La Estafa Maestra”.

Como se recordará, “La Estafa Maestra” es un trabajo periodístico realizado por el portal Animal Político en colaboración con la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el cual se analiza el presunto uso de 128 empresas, por parte de diferentes dependencias gubernamentales, para defraudar miles de millones de pesos del erario.

El “fraude” orquestado mediante dichas empresas habría sido posible gracias a la complicidad de ocho universidades públicas del País, a través de las cuales se triangularon contratos que implicaron, en el fondo, el pago irregular de millonarias cantidades del presupuesto público.

El escándalo, largamente documentado a partir de la publicación del trabajo periodístico, alcanzó al nuevo Gobierno de la República, pues al menos tres funcionarios de Pemex, que habrían participado en la asignación irregular de contratos, fueron designados en altos cargos de la paraestatal durante la administración de López Obrador.

Se podrá decir, desde luego, que el Gobierno de la República ha actuado con atingencia y, tal como lo ofreció el Presidente, tras requerir a la Secretaría de la Función Pública un informe, se ha procedido a separar de sus cargos a los funcionarios presuntamente involucrados en actos de corrupción.

Sin embargo, es necesario advertir que tal hecho no es producto de la eficacia gubernamental en el combate a la corrupción, sino de la acuciosidad del trabajo periodístico, pues fue el propio portal Animal Político el que advirtió al Gobierno de la República, el pasado 22 de enero, de la permanencia de los referidos funcionarios en la nómina gubernamental.

Y aunque el “hubiera” no existe, en este caso resulta obligado preguntarse si la administración de López Obrador, con todo y su compromiso reiterado de “erradicar la corrupción”, habría hecho algo al respecto si no fuera porque los periodistas que originalmente realizaron la investigación mantuvieron su señalamiento al respecto.

El hecho concreto, irrefutable, es que la separación de los tres funcionarios de Pemex, anunciada ayer, no deriva de una investigación gubernamental sino del trabajo de los periodistas.

Y con ese botón de muestra resulta imprescindible cuestionarse si la reiteración discursiva de la voluntad es suficiente para combatir con eficacia la corrupción. Porque al menos, en este ejemplo concreto, ha quedado muy claro que el rigor periodístico es superior en dicho terreno al discurso político.