México.- Guerrero, Sinaloa, Morelos, Chihuahua y Baja California cerraron 2015 con la mayor tasa de homicidios violentos del país. Un año  antes, cuando también ocuparon esa posición, dichas entidades recibieron más de mil 200 millones de pesos para mejorar sus condiciones generales de seguridad.

¿Qué sucedió? Que la mayor parte del dinero, o no se gastó, o cuando se hizo fue sin la mínima gestión de evaluación, equidad y control, que permitiera que la inversión se reflejara en cumplir las metas de prevención e investigación del delito.

En su análisis de la cuenta pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación (FASP), evaluó el uso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en cada estado. Animal Político revisó las auditorías financieras y de desempeño en las cinco entidades líderes en tasa de homicidios, y en todas el resultado fue el mismo: negativo.

La revisión en el uso de los fondos del FASP en estos cinco estados arrojó 87 observaciones de los auditores por el posible uso inadecuado del dinero, y más de 20 promociones de responsabilidad para que se indague a funcionarios que habrían incurrido en posibles hechos irregulares en el manejo del dinero.

Incluso, los auditores alertaron por la posible desviación u opacidad en el gasto de 567 millones de pesos, más del 40 por ciento de los fondos de seguridad repartidos.

“En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas” señalaron los auditores en cada uno de los casos.

De acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2014 a 2015 los homicidios dolosos se incrementaron en estas entidades hasta 30 por ciento, con excepción de Chihuahua en donde hubo una reducción del 13 por ciento.

Se trata de los cinco estados que registran las mayores tasas de homicidios. Guerrero ocupa el primer sitio con 53 crímenes por cada cien mil habitantes, mientras que Baja California se ubica en la quinta posición con 23 homicidios. La media nacional, es de 14 crímenes por cien mil habitantes.

El FASP es un fondo de recursos que el gobierno federal reparte cada año a las entidades federativas para que se utilicen exclusivamente en acciones de seguridad. Dicho dinero puede invertirse, según sus lineamientos, tanto en capacitación y profesionalización de agentes de seguridad pública o de las procuradurías, así como en infraestructura y equipos.

Caso Guerrero

Guerrero es la entidad con el mayor nivel de homicidios dolosos del país desde hace varios años, y de las cinco que encabezan la incidencia de este delito, es la que acumula el mayor número de irregularidades en el manejo de los fondos del FASP, según las auditorías.

En total el estado recibió en 2014 poco más de 236 millones de pesos, de los que los auditores revisaron 181 millones. Se identificaron por lo menos 20 irregularidades en el manejo de ese dinero, que derivaron en denuncias en contra de 17 servidores públicos.

De entrada el dictamen establece que al cierre de 2014 Guerrero no había gastado más del 40 por ciento del dinero del fondo, y hasta agosto de 2015 le faltaba por invertir todavía el 33 por ciento Es decir tenía el dinero pero no lo usó.

“Esto impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional” dijeron los auditores.

Entre lo que si fue gastado se encontraron diversas anomalías. Por ejemplo, se pagaron 373 mil pesos para supuestas “evaluaciones de habilidades” de los agentes, sin embargo los documentos comprobatorios no tenían el aval del FASP y ni siquiera hay acreditación fehaciente de que se aplicaron esas evaluaciones.

También se detectó el pago de más de medio millón de pesos en artículos de papelería, oficina y alimentos, rubros que no están incluidos en los gastos autorizados del FASP. A lo anterior se suman múltiples irregularidades en adjudicaciones de contratos fuera de procesos de licitación.

En Guerrero, al igual que en las otras cuatro entidades con mayor nivel de homicidios, la auditoría concluyó que las metas pactadas no se cumplieron.

Caso Sinaloa

Sinaloa es la segunda entidad con mayor tasa de homicidios del país y en el último año dicho nivel de violencia se mantuvo, incluso con un repunte de uno por ciento.

Los auditores revisaron como se invirtieron los 223 millones de pesos que recibió la entidad de parte del FASP. El  2014 terminó y el estado no había ejercido el 38 por ciento del dinero y en agosto de 2015 seguía sin gastarse el 25 por ciento del dinero.

Respecto a lo que si se invirtió, los auditores concluyeron que existieron “inobservancias de la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, obra pública, registros contables, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley de Coordinación Fiscal” entro otros.

Entre las 14 irregularidades en el gasto identificadas por los auditores, destaca por ejemplo la inversión de 442 mil pesos en conceptos que no se realizaron  como parte de la construcción de un edificio del Servicio Médico Forense; o la falta total de evaluación de la inversión de los recursos en distintos rubros.

Caso Morelos

Morelos ya se encontraba en 2014 entre las entidades con mayor cantidad de homicidios dolosos. En 2015, los crímenes subieron un 17 por ciento más, llevando al estado al tercer sitio con la tasa más alta de asesinatos, incluso por encima de Chihuahua.

Morelos recibió poco más de 176 millones de pesos del FASP en 2014, de los que no invirtió al cierre de ese año el 48 por ciento, es decir, casi la mitad del dinero que se le asignó para mejorar las condiciones de seguridad.

Entre lo que si se gastó, los auditores encontraron 23 distintas irregularidades. Por ejemplo, se identificaron adjudicaciones directas en vez de licitaciones para la adquisición de vehículos blindados, aparatos de revisión, construcción de salas de juicios orales, compra de refacciones y equipos de cómputo, entre otros.

En Morelos, como en las otras entidades, los auditores establecieron que existen falta de controles y autoevaluación para garantizar que los recursos mejores las condiciones de seguridad.

“El estado de Morelos no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría” indica la auditoría.

Caso Chihuahua

Chihuahua es la cuarta entidad con la mayor tasa de homicidios del país, pese a que hubo una reducción de aproximadamente el 14 por ciento de este delito en el último año. En 2014 recibieron más de 272 millones de pesos por parte del FASP.

Los auditores identificaron una decena de anomalías en el gasto del dinero, así como la posible desviación y falta de transparencia en la inversión de más de 223 millones de pesos, una de las cifras más altas de opacidad en el manejo de estos recursos, solo detrás de estados como Veracruz.

Las notas negativas de los auditores se repiten: no hay controles adecuados en el manejo del dinero, no hay transparencia suficiente, la inversión del dinero que se gasta es incoherente respecto a las metas pactadas, hay presuntas violaciones a códigos fiscales, entre otros.

Uno de los aspectos más preocupantes identificados por los auditores es que Chihuahua no ejerció el 75 por ciento de todo el dinero que recibió de parte del fondo, por lo que se emitió una solicitud de aclaración al gobierno de Cesar Duarte para que explique que se ha hecho con el dinero.

Caso Baja California

Baja California es la quinta entidad con la mayor tasa de homicidios dolosos del país. Dicho delito registró un incremento superior al 16 por ciento  en el último año. Esto, pese a que recibió más de 318 millones de pesos como parte del FASP en 2014, una de los montos más elevados a nivel nacional.

Además de las deficiencias comunes con otros estados, entre ellas el no haber ejercido en el año que correspondía casi la mitad de todo el dinero del fondo, los auditores encontraron irregularidades graves, que llevaron a solicitar que se inicien cuatro procesos de investigación en contra de funcionarios que resulten responsables.

Por ejemplo, se identificó la inversión de más de tres millones 700 mil pesos en sueldos para supuestos becarios, sin que dicho gasto estuviera autorizado por el FASP; se descubrieron irregularidades en múltiples facturas que respaldan el gasto de 19 millones de pesos en instalaciones del sistema penitenciario local.

Incluso, se descubrió que se gastaron más de 700 mil pesos en un equipo de ultrasonido también para el sistema penitenciario, cuya factura no fue certificada ante el FASP y que además presenta un número de serie distinto al del equipo entregado.

En Baja California como en las otras entidades, la Auditoría concluyó que el fondo de recursos destinado a la entidad para mejorar las condiciones de seguridad, no cumplió con su cometido por la mala gestión local.