El ex presidente Ernesto Zedillo cuestionó que el Estado abdicó de su responsabilidad de regular las drogas y ha dejado que los criminales se encarguen de hacerlo.

En la presentación del libro La Política de drogas en México: causa de una inmensa tragedia nacional, Una propuesta radical pero indispensable para remediarla, en el Club de Industriales de la Ciudad de México, el ex mandatario indicó que “el Estado regula muchas cosas, la velocidad en autopistas, las emisiones de los automóviles, todos los artículos que consumimos, porque entrañan riesgos si no están bien hechos.

Entonces, ¿por qué el Estado abdica de su responsabilidad de regular algo que entraña riesgos para las personas y entrega a criminales para que, con la violación de la ley y el crimen, se encarguen de hacer lo que no hace?”

En la presentación libro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), Zedillo Ponce de León alertó que el problema que tiene el país en la materia es “muy dramático”, porque las medidas de prohibición, a sabiendas de que aún así habrá demanda, genera un mercado negro que está relacionado con diversos crímenes y la violencia.

Pérez Correa, colaboradora de EL UNIVERSAL, armó que pese a la prohibición, “el uso de drogas ilícitas ha aumentado en la última década”, y añadió que la narcoguerra que inició en 2006 repercutió en la expectativa de vida de los mexicanos, ya que desde 2007 se registró una disminución provocada por los altos índices de homicidios. Refirió que los datos ociales del reparto del presupuesto en política de drogas, detallan que hay “una desproporción” entre lo que se gasta en términos de la aplicación penal de la política de drogas y los tratamientos y la prevención.

“Alrededor de 97% va hacia el gasto en cárceles, policías, detenciones, ministerios públicos y menos de 3% se va a protección a la salud. La desproporción en el gasto que tenemos no puede dar un resultado distinto al obtenido. Tenemos una política de drogas que dice poner a la salud en el centro, y lo que tiene ésta al centro es al aparato penal, al aparato punitivo”, enfatizó. Madrazo Lajous destacó que el modelo prohibicionista ha causado la violencia que se ha registrado en el país en el último siglo, lo que ha llevado a justicar la implementación de leyes e instituciones más autoritarias.

Resaltó que México cuenta con un régimen constitucional lo sucientemente robusto para exigir la regulación de las drogas, puesto que los mismos argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerar inconstitucional la prohibición de la cannabis, sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, aplican para el resto de los estupefacientes.