En “Civil War. A History in Ideas” (Knopf, 2017), David Armitage analiza el proceso de creación del concepto de guerra civil y las maneras como se ha utilizado para ordenar ciertos conflictos humanos. Estima que su expresión y sentido originario provienen de las disputas romanas entre Sila y Mario y entre César y Pompeyo. Da cuenta de cómo esas ideas determinaron la comprensión y desarrollo de las luchas del Siglo 17 y las complejas variaciones y acomodos conceptuales al comenzar la era de las revoluciones a finales del 18. Más allá de acontecimientos concretos, muestra la relevancia de la discusión terminológica para el entendimiento y, sobre todo, significación de las disputas entre dos o más grupos por el poder político de un Estado.

Desde la Guerra Fría son contados los conflictos militares entre Estados nacionales. Sin embargo, en el mismo periodo, los enfrentamientos internos han crecido considerablemente. En algunos casos se ha hablado de revoluciones y en otros, los menos, de guerras civiles. Cierta aura romántica lleva a darle más valor a las primeras y a restárselo a las segundas, como si unas llevaran al progreso y otras a la mera y descarnada asignación del poder.

El comandante Chávez no planteó en su momento, dicho por él, ni un golpe de Estado ni, mucho menos, la generación de las condiciones de una guerra interna. Fue, según sus propias palabras, una revolución de corte bolivariano. En los días complejos que viven los venezolanos, desde el poder estatal y desde sus grupos de apoyo, algunos piensan que las cotidianas acciones de dominación y uso de fuerza son sólo la continuación de esa revolución primigenia. Quienes no comparten esta visión, piensan que se está ante un golpe de Estado. Ello, por la manera como se han subvertido las reglas del juego democrático constitucional y legalmente establecidas por el propio régimen.

Por lo que pasa en Venezuela, debemos preguntarnos si lo que ahí se está viviendo es una guerra civil. Es decir, la abierta lucha entre la población del mismo Estado para retener o hacerse del poder político. La pregunta no es retórica. De su contestación depende la actualización de mecanismos jurídicos regionales e internacionales definitorios de las condiciones de la población, de la asistencia humanitaria, de los procesos de transición, de la resolución de la crisis y, en su momento, de la asignación de responsabilidades estatales e individuales.

Desde las condicionantes ideológicas que el conflicto implica, habrá quien de inmediato sostenga que lo vivido en Venezuela no es una guerra civil por no haber combates armados entre fuerzas regulares. A ello habría que decir que la calificación del asunto no puede provenir de la escala militar de los enfrentamientos. Al darse entre fuerzas paramilitares y policiacas en contra de la ciudadanía, exigir la actualización de contiendas sostenidas implica esperar a que naciones extranjeras armen a la población hasta hacerla milicia.

Las razones para que la comunidad internacional defina ante qué tipo de conflicto se está en Venezuela, son constitutivas del modo como ante él deberá actuarse. Llegar a decir que efectivamente es una guerra civil, permitiría la aplicación de leyes de guerra y el seguimiento del conflicto, más allá de la voluntad de quienes hoy ejercen el poder. Frente al principio del derecho internacional que obliga a los Estados a no interferir en los asuntos internos de otros países, es posible invocar la protección de los derechos humanos de la población. Con ello, a su vez, puede determinarse qué acontece con la vida, la seguridad, la circulación, la expresión y otras condiciones mínimas de existencia, no ya de la masa de personas etéreamente englobadas como el pueblo venezolano, sino respecto de las personas concretas que habitan en ese territorio. Nominar jurídicamente lo que pasa en Venezuela no remediará de inmediato la situación de muchos venezolanos, pero sí permitirá ordenar la actuación de las instancias que pueden contenerla y, en su momento, resolverla.

@JRCossio