Madrid. Esperanza Aguirre, lideresa del derechista Partido Popular (PP) en Madrid durante las últimas dos décadas y una de las figuras más relevantes de su formación, presentó hoy su dimisión como concejal y vocera en el Ayuntamiento de Madrid y de todos los cargos que asumía.

La decisión de la veterana política se precipitó tras la investigación policial y judicial contra el que fuera su mano derecha y hombre de máxima confianza, Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, y actualmente en prisión por una supuesta trama de corrupción político-empresarial en la que habría desviado fondos públicos por más de 25 millones de euros.

Aguirre, con el rostro tenso y la mirada perdida, compareció ante los medios de comunicación para anunciar una decisión que empezó a circular por los medios de comunicación desde primeras del día. Su situación al frente del Grupo del PP en la Asamblea de Madrid se había hecho insostenible ante el cúmulo de casos de corrupción que se habían producido durante su gestión por responsables públicos nombrados por ella. El último fue Ignacio González, su delfín político, quien utilizó varias empresas municipales públicas para enriquecimiento personal, entre ellas la que gestiona el agua pública en Madrid, el Canal de Isabel II.

Aguirre se dijo “decepcionada” y “engañada”, al entender que el sumario abierto contra su hombre de confianza era lo suficientemente contundente como para denunciar públicamente la “traición” y presentar su dimisión de todos los cargos que ostentaba desde hace dos años, que fueron las elecciones municipales y autonómicas en Madrid, en las que fue la formación más votada pero al no conseguir mayoría absoluta el PP fue desalojado del poder tras más de 20 años de hegemonía. “La corrupción se ha convertido en un problema central de la política española. Los ciudadanos tienen el derecho a los que los políticos no eludan sus responsabilidad. Yo nunca he eludido mis responsabilidad y por eso presento mi dimisión”, dijo Aguirre.

Investigación contra OHL apunta a su presidente, Juan Miguel Villar Mir

El juez del Juzgado Centro de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, solicitó a la policía y a las autoridades monetarias y financieras información sobre el empresario español y presidente de la multinacional OHL, Juan Miguel Villar Mir.

El origen de la petición es una trama de corrupción política-empresarial a gran escala en la que se intenta desentrañar una compleja red de complicidades que servía para la financiación ilegal del derechista Partido Popular (PP), por un lado, y el enriquecimiento de las empresas a través de la adjudicación de contratos públicos a cambio del pago de comisiones millonarias.

El mismo sistema que presuntamente utilizó OHL-México durante los meses previos a la concesión del plan de construcción del Viaducto del Bicentenario y que le costó la dimisión a su anterior presidente en su nuestro país, José Andrés de Oteyza.

La denominada “operación Lezo” sigue dando información relevante sobre la presunta financiación ilegal del PP y el pago de comisiones a cambio de contratos públicos. Entre las personas más relevantes que el juez tiene en la mira destacan el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien, entre otros supuestos delitos, recibió un millón 400 mil euros (35 millones de pesos) en una cuenta en Suiza y cuyo dinero fue transferido desde la filial de OHL en México, en una operación de ingeniería financiera que pretendía precisamente “lavar” el origen y el destino del dinero.