El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ya se encuentra recluido en la prisión alemana de Neumünster, en las inmediaciones de Hamburgo, a la espera de comparecer ante un juez el próximo lunes para que se decida su entrega a España, donde está imputado de los delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos.

La detención del líder independentista, que se había fugado del país desde octubre pasado, provocó la indignación de una parte de la ciudadanía catalana, al provocar que miles de personas se concentraran de forma espontánea frente a la sede de la Delegación del gobierno español en Barcelona y frente a la sede la Unión Europea (UE).

Ayer por la tarde, después de dar una conferencia en Helsinki y una vez que se hizo oficial la orden de búsqueda y captura internacional, Puigdemont salió de forma furtiva del país con el objetivo de volver lo antes posible a territorio belga, donde sus abogados habían preparado la línea de defensa y el propio marco jurídico del país favorecía a su causa. De hecho, el ex mandatario catalán tenía previsto dar una conferencia más en Copenhague, que se tuvo que cancelar tras la salida clandestina de Puigdemont de Finlandia.

Consciente de que el marco legal que más le favorecía para no ser extraditado era el belga, Puigdemont, bajo la asesoría de un grupo de abogado, decidió emprender el camino de regreso a Waterloo en coche, para lo que tenía que recorrer hasta dos mil 400 kilómetros y tenía que cruzar primero Finlandia, después Suecia, Dinamarca y finalmente parte de Alemania, antes de llegar a la frontera con Bélgica.

Sin embargo, el ex mandatario catalán estuvo controlado por agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, el centro de espionaje español), a través de uno de sus teléfonos celulares y por el vehículo que utilizaba de forma frecuente en Bruselas, que se trasladó el pasado viernes a Finlandia cuando se conoció la noticia de que se había reactivado la orden de búsqueda y captura internacional en su contra.

La operación policial para su detención fue coordinada por agentes españoles y alemanes, que habían acordado practicar la detención en cuanto estuviera en territorio alemán, donde las relacionas bilaterales entre ambos gobiernos es favorable a la causa española y donde el propio código penal contempla un delito similar al que se le acusa en España, que en la jurisprudencia alemana llaman “alta traición” y contempla penas de hasta cadena perpetúa.

El ex mandatario se había refugiado en Bruselas desde finales de octubre, sólo dos días después de que se declaró en el Parlamento catalán la independencia unilateral que desató las actuaciones judiciales y políticas del Estado español, entre ellas la suspensión de su gobierno al pleno, la disolución de las Cortes y la convocatoria a unas nuevas elecciones autonómicas.

Puigdemont y el conjunto de su gabinete fueron procesados por sendos delitos de rebelión, sedición, malversación, falsedad documental y desobediencia, de los cuales hasta la fecha sólo se mantienen tres, pero de los que podría ser condenado a penas superiores a los 30 años.

Desde su refugio en Bélgica, Puigdemont participó como candidato en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, donde su fuerza política, Junts per Catalunya (JxCat), fue la segunda más votada de todo el arco parlamentario y la primera del bloque independentista, que reeditó la mayoría suficiente para gobernar. Sin embargo, su situación procesal le obligó a intentar lograr la investidura a la distancia, para lo que incluso propuso participar en el debate parlamentario a través de Skype, pero el propio Tribunal Constitucional impidió este procedimiento a través de un auto.

Ahora, cinco meses después de su fuga de Cataluña, Puigdemont está a la espera de que un juez decida su entrega al Estado español, donde de ser extraditado estaría bajo custodia del juez instructor de su causa, Pablo Llarena, que también es el responsable del procesamiento de otros 25 líderes independentistas. Entre ellos está la ex consejero Clara Ponsatí, que se encuentra en Escocia y que anunció a través de su abogado que se entregaría ante la policía de ese país en los próximos días.

La detención de Puigdemont también provocó una movilización masiva de miles de personas en Cataluña, que se concentraron a las puertas de la Delegación del gobierno español en Barcelona y ante la sede la UE para exigir que se “pare ya la represión” y para exigir respeto por su líder. Durante las movilizaciones se registraron varios momentos de tensión cuando los manifestantes intentaron superar el cordón policial y lanzaron pintura amarilla a los agentes.