En diferentes votos disidentes he sostenido el reconocimiento del derecho a las víctimas a ser escuchadas en un juicio público como un derecho de participación social. Sin duda, la víctima tiene derecho a un juicio justo para proteger en forma efectiva sus derechos humanos, pero en general creo que hay que ir más allá. Las víctimas y sus defensores tienen derecho a opinar en juicio, con la máxima transparencia, para reclamar una jurisprudencia protectora a sus derechos.

En contextos de grave injusticia e impunidad, los grupos o colectivos de víctimas y sus defensores deben tener derecho a ser consultadas en los procesos judiciales para emitir su opinión sobre el debate público de un caso concreto. La voz de las víctimas, sin duda, resulta fundamental para que los jueces podamos impartir una justicia sensible. Sin conocer en carne propia la situación de vulnerabilidad de las víctimas, el juez se pierde la oportunidad de aplicar una justicia más realista a las diferentes problemáticas comunes que las personas sufren para reclamar justicia, verdad, reparación y no repetición.

Como juez penal he disentido de la mayoría de mis colegas. Los juicios penales no sólo tienen por objeto imponer penas; también tutelan los derechos de las víctimas para combatir la impunidad. Pues bien, el espacio y tiempo procesal para conocer el testimonio de las víctimas en un juicio no se debe limitar a la parte afectada por el delito en particular, sino también a todo colectivo o personas defensoras que de manera genuina, segura y digna pretenda exponer su punto de vista para deliberar en forma pública los derechos de las víctimas, con el respeto debido a la persona específica a proteger.

La definición, alcance y límites de los derechos que los jueces determinamos en una sentencia, es de interés público. No sólo porque nuestros criterios orientan la justicia futura para todas las víctimas, sino porque la construcción jurídica del precedente judicial exige una mayor información de todos los que quieran participar como amicus curiae en un tribunal.

Entonces, ¿cómo se debe garantizar la voz de las víctimas? Es claro que al estar en un proceso debe haber plazos, condiciones y límites. Consultar a las víctimas no es una asamblea a mano alzada. Debe, además, garantizarse tratos dignos, seguros y pertinentes. No hay participación ilimitada. Pero sí creo que es posible y necesario hacer una convocatoria pública para seleccionar las voces más representativas y especializadas.

Los jueces somos el espacio del debido proceso para oír los reclamos públicos de justicia. Los casos nos exige ser profesionales, objetivos e independientes. No se puede cumplir con las víctimas si ellas no tienen acceso a saber, discutir y cuestionar la justicia que les puede afectar.

Luego las víctimas deben tener la oportunidad de ser escuchadas en contextos que exigen una mayor deliberación pública del futuro. Mi posición particular ha sido defender esta garantía de participación social.

La práctica internacional, además, es una buena experiencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, las cortes penales internacionales, por ejemplo, demuestran como los juicios de Núremberg o para la antes Yugoslavia representan juicios de protección para víctimas. Cuando existen violaciones generalizadas y sistemáticas los jueces deben abordar en forma contextual y abierta ese tipo de violaciones de lesa humanidad. Si no se tiene la perspectiva de la mayoría de las víctimas, la justicia contra las impunidades será una mayor simulación.

La Corte IDH, además, enseña la justicia para víctimas en el espacio de América Latina. Esa jurisprudencia ha dicho que los estados deben garantizar a las víctimas la participación en todas las etapas del proceso. Si ellas no participan en igualdad, es claro que sus derechos se afectan. Una forma de participación es el poder consultarlas en temas de relevancia. Si la Corte IDH las escucha en el espacio interamericano, no veo porque en el viacrucis nacional debamos omitir su voz. En una de esas evitamos violaciones al Estado mexicano.
 

JUSTICIA PENAL PARA VÍCTIMAS

Hoy tenemos que repensar el modelo de justicia penal para víctimas.

En mi función judicial interpreto las normas para proteger los derechos con un compromiso constitucional: defender la dignidad del más débil.