Tanto el presidente de la República Enrique Peña Nieto, como el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, han declarado que una de las diferencias que tiene la estrategia de seguridad pública de la presente administración con respecto a la anterior, es que hay una clara apuesta por la prevención del delito. Pero este tipo de declaraciones parecen huecas cuando analizamos la forma en la que ha operado la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob. De entrada porque la misma estuvo vacante del 25 de abril al 9 de septiembre de 2015. Es absurdo que digas que la prevención del delito está entre tus prioridades cuando la Subsecretaría que se encarga de dicho tema se quedó sin titular por casi 5 meses.

Y cuando por fin decides nombrar a alguien para que llene la vacante, designas a una persona que no tiene la experiencia, ni la calidad moral para ejercer el cargo como Arturo Escobar Vega, que entre otras cosas había sido detenido en el Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez con un maletín que contenía 1.1 millones de pesos en efectivo en 2009, mismo que sería utilizado en labores de movilización en las elecciones de ese año en Chiapas. En resumen, el gobierno federal tomó la decisión de que un delincuente electoral estuviera al frente del organismo gubernamental encargado de la prevención del delito.

La designación de Arturo Escobar como titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, no fue otra cosa que el pago de favores del gobierno al Partido Verde, por todo el apoyo que han recibido de ellos en los últimos años. Sin embargo había muchas maneras de pagar la lealtad y el gobierno eligió muy mal, ya que el nombramiento de Escobar desató importantes críticas de varios sectores de la sociedad.

Las primeros en protestar por el nombramiento fueron diversas organizaciones ciudadanas que llevan a cabo labores de prevención del delito, es decir, las que se debería esperar que fueran las principales aliadas de Arturo Escobar en su tarea, se quejaron después de su nombramiento que él nunca había trabajado en el tema y que además su vinculación con diversos actos de corrupción ponían en peligro la política de prevención del delito.

Hoy los hechos le dan la razón a todas las organizaciones ciudadanas que se manifestaron en contra de la designación de Arturo Escobar, se acaba de anunciar la renuncia del funcionario debido a que la Fepade solicitó una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el reparto ilegal de tarjetas de descuento en la elección de 2015.

En palabra simples el Gobierno Federal hizo un tremendo ridículo, primero nombró contra toda lógica a un delincuente y a un improvisado en un cargo importante, después se empecinó en mantenerlo en el puesto, aguantando todas las críticas y los costos políticos de su decisión y ahora tiene que ver como este funcionario sale por la puerta de atrás huyendo de la justicia.

Lo vergonzoso para el gobierno no sólo es la abrupta salida de Arturo Escobar, sino que éste es uno de los tantos casos en donde queda en evidencia que la actual administración tiene una importante tolerancia hacia la corrupción.

Parece que para el gobierno es más importante el pago de favores que la probidad de los funcionarios que contrata, ya que Escobar no es el único, Rosario Robles la ex secretaria de Desarrollo Social y actual Secretaria de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario se vio implicada en varios casos de corrupción y aún así fue invitada a formar parte del gabinete.

De nada sirve anunciar el lanzamiento del Sistema Nacional Anticorrupción si en los hechos el gobierno demuestra ser tolerante con la corrupción y casos como el de Arturo Escobar lo único que provocan es mayor desconfianza hacia las promesas de la actual administración.

Lo peor del caso es que había decenas de personas con suficiente capacidad para hacerse cargo de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, sin ir más lejos la encargada de despacho durante los cinco meses que estuvo vacante, Eunice Rendón Cárdenas, no sólo es una probada especialista en el tema, sino que además tenía el visto bueno de todas las organizaciones ciudadanas que se quejaron del nombramiento de Escobar.

Lo que ahora tiene que hacer el Gobierno Federal es no equivocarse de nueva cuenta, el nombramiento del sucesor o la sucesora de Escobar ya no puede ser político, necesitamos un perfil técnico que sepa del tema y la propia Eunice Rendón puede ser una apuesta segura, porque garantizaría la continuidad de los esfuerzos que se han llevado a cabo en la pasada administración y en la actual.

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