Ciudad de México.- Desde enero de este año, más de 20 policías estatales y municipales de Veracruz han sido detenidos por estar implicados en la desaparición forzada de siete jóvenes en los municipios de Tierra Blanca y Papantla.

Y es que en el estado gobernado por Javier Duarte, 6 mil 514 policías de 18 mil 613 que tiene en total se mantiene en sus labores pese a que reprobaron los exámenes de control y confianza.

Datos de la Asociación civil Causa en Común y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que el 37 por ciento de los mandos y el 35 por ciento del personal operativo de las secretarías de seguridad pública locales no aprobaron los filtros y controles para certificar su confianza dentro de las corporaciones.

De las 20 mil 420 personas que Veracruz tiene trabajando en corporaciones estatales y municipales de seguridad, 18 mil 613 se desempeñan como mandos y personal operativo y mil 807 como personal administrativo, según los datos más actualizados asentados en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales del INEGI del 2015.

Después de la Ciudad de México, que cuenta con más de 80 mil personas laborando como policías, Veracruz es el estado con más personal policiaco.

En México, por ley, a los agentes policiacos que reprueben dicho control son acreedores a ser dados de baja como servidores públicos.

Desde el año 2011, cuando en Veracruz un grupo de la delincuencia organizada abandonó 35 cadáveres sobre la avenida más transitada de Boca del Río y señaló a la policía intermunicipal del puerto estar coludida con el crimen organizado, elementos de la Secretaría de Marina se hicieron responsables de la vigilancia policial de los municipios más importantes del estado, como Boca del Río, Veracruz y Coatzacoalcos.

En el 2012, Arturo Bermúdez Zurita secretario de Seguridad Pública estatal, presumió que se llegaría a la meta de certificar a la totalidad de los agentes estatales pues el estado fue el primero en contar con tres centros de evaluación y certificación avalados por autoridades federales.

A 4 años de la promesa, falta que den de baja al 35 por ciento de los agentes que no pasaron los exámenes.