El incremento en el precio del gas LP, un energético indispensable para la inmensa mayoría de los hogares de nuestro País, constituye un serio golpe para la economía familiar. Por ello urge la implementación de mecanismos eficaces para regular su precio al público.

La respuesta que ha ofrecido el Gobierno de la República, sin embargo, no parece apuntar en la dirección correcta, pues fijar “por decreto” un precio oficial no resolverá el problema y sí puede generar otros, como el desabasto o una especulación aún mayor con el precio.

Y es que si el precio de cualquier producto o servicio lo establece el mercado, no puede pasarse de la noche a la mañana a un esquema en el que lo determine el Gobierno, si a tal medida no se le acompaña con otras acciones que vuelvan eficaz la decisión.

La ecuación es simple: si el gas lo producen empresas privadas y estas se lo venden a las comercializadoras, sin intervención gubernamental, no puede exigírsele a quien vende al consumidor final que realice dicha operación a precios que le generen pérdidas.

También es cierto, y debe señalarse sin ambigüedades, que en la comercialización al público del gas LP parece operar un esquema de “cártel”, mediante el cual quienes venden el combustible al menudeo no compiten entre sí y más bien se ponen de acuerdo para establecer un precio conveniente para sus intereses, es decir, para maximizar sus ganancias.

¿Dónde está la frontera entre la libertad de comercio y el abuso por parte de un gremio en contra de los consumidores? ¿Cuál es el grado de intervención que el Gobierno debe tener en estos procesos para garantizar que las fuerzas del mercado actúen con un mínimo de ética?

Se trata de preguntas que no resulta sencillo responder. Existen, sin embargo, algunas directrices que, de acuerdo con algunos especialistas, podrían resultar eficaces en el propósito de contener el golpe a la economía familiar que implica el alza en el precio del gas.

La primera de ellas es la intervención del sector público para romper los acuerdos indeseables entre quienes venden el combustible. En otras palabras, debería construirse un mecanismo que garantice la competencia entre expendedores a través del precio al consumidor final.

Otra alternativa es desarrollar un esquema de subsidios que permita, sobre todo a las familias de menores ingresos, amortiguar el impacto en su gasto derivado de la situación actual.

Lo que no puede ocurrir es que la acción gubernamental se limite a establecer un “precio oficial” y luego adopte la posición de espectador indiferente ante la violación de dicho precio, pues lo que eso promueve es justamente lo que está ocurriendo en este momento: la venta del gas por encima del límite fijado.

Porque el objetivo no puede ser que exista un precio oficial, sino que nadie pague, en los hechos, ni un centavo más por encima de dicho límite.