La iniciativa de decreto a la ley del seguro social de 1997 que pretende reformar las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro -Afore- (pensión laboral), fue revelada en la mañanera del pasado miércoles 22 de julio en un acuerdo tripartita entre el Gobierno Federal y representantes de los trabajadores: la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Producto de un acto protocolario y político de suma relevancia, puesto que, hace tiempo no sucedía una reunión de tal envergadura, concurriendo en un consenso en “pro de las/los trabajadores”; exteriorizando unidad entre los sectores -aunque fuera solo para la foto-. Sin embargo, la ley contempla aristas interesantes al agotado sistema de pensiones por cuenta propia -Afores-, no obstante, no plantea una modificación de fondo a la organización pensionaria porque mantiene su carácter de “cuentas individuales al servicio de administradores privados”.

Además, la renovación de la reforma corresponde con una visión a largo plazo sin contemplar la urgencia del deterioro generalizado de las pensiones actualmente, lo que agudizó su fracaso con la pandemia de COVID-19 y que precipitó la crisis económica estimulando el cierre forzoso de ciertos sectores: industria, turismo, comercio, etc. por no ser actividades esenciales durante el confinamiento, lo que ocasionó pérdida del empleo de modo que las administradoras privadas de fondos para el retiro colapsaron por el aumento de la demanda de las y los trabajadores para retirar sus aportaciones por las semanas cotizadas. Además, la pensión laboral de cada generación de trabajadores próximos a jubilarse era menor que las anteriores generaciones de trabajadores que cumplían los tiempos para su jubilación por no ser constante en su cotización por la incertidumbre de la economía. Por lo tanto, este sistema de pensiones roza en su fracaso como solución de retiro digno para las y los trabajadores por lo riesgoso y endeble que es.

El mérito de tan polémica iniciativa de reforma es corregir y resolver las anomalías que sustentan las aportaciones de cuenta propia, donde pretende reducir las semanas cotizadas que se requiere para un retiro ante el IMSS de 1250 a 750, sin embargo, es un trámite que forzosamente deber realizarse hasta los 60 años que irá en ascenso por 10 años hasta cumplir mil semanas cotizadas.

La reforma contempla un aumento del monto monetario de hasta 40% de las percepciones de los jubilados con base en el cálculo realizado en el salario de los trabajadores, semanas cotizadas y su edad. En suma, busca incrementar el ingreso disponible para el retiro, creando una expectativa para mejorar la calidad de vida y conquistar el bienestar social de los trabajadores.

Otro postulado que se presenta en esta iniciativa de modificación es cambiar la Subcuenta del retiro y la cesantía en edad avanzada y vejez. El aumento al porcentaje de las aportaciones realizadas ante el IMSS será escalonado en una senda temporal de 8 años por parte del gobierno y de mayor medida de los empresarios o empleadores, mientras que la aportación del trabajador permanecerá constante. De esta forma, las aportaciones pasaran de 6.5% al 15% (porcentaje propuesto en la iniciativa) del salario base cotizado, el mayor incremento corresponde de la iniciativa privada de 5.15% al 13.87% (porcentaje propuesto).

Algo que no contempla la reforma de ley es el sustento de la seguridad social, por ejemplo, es el seguro de desempleo y un sistema de salud digno; del mismo modo, olvida a los sectores más vulnerables de la clase trabajadora: el sector informal, con 31.1 millones de personas en esa situación (ENOE/ primer trimestre de 2020) donde 45 de cada 100 son mujeres en este rublo de ocupación.

Al mismo tiempo, da continuidad a su carácter monetario, mercantil y financiero al servicio del capital financiero mundial, porque en el trabajo valorizado e improductivo -pero necesario- el trabajador obtiene una parte proporcional de su trabajo (el salario) que aporta una determinada ponderación al fondo de ahorro y retiro, siendo administrados por entes privados -en su gran mayoría bancos comerciales-, donde lo colocan en el mercado como una mercancía más.

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) manejan una cartera que asciende a 4 billones 300 mil millones de pesos de todas las aportaciones individuales de los trabajadores (equivale al 16% del PIB nacional), donde el 20% del total de las cunetas de ahorro y retiro son destinados en el sector bursátil internacional en cuentas variables de la diversas Bolsas de Valores de mundo; o hasta 45% del total de los Afores en acciones locales en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para la generación de ilusorias expectativas de rendimiento para el aumento relativo del fondo de ahorro o de retiro, creando un aparente rendimiento en las Afores destinadas donde contribuye al capital ficticio originando una falsa colocación de la ganancias obtenida, por lo tanto, alimenta las burbujas especulativas de las bolsas de valores del mundo o son destinados a proyectos de inversión productiva de alto riesgo por la viabilidad del proyecto, por ejemplo, la cancelación de la obra del “nuevo aeropuerto de la ciudad de México” que provocó la extinción de fondos de ahorro y retiro.

En términos concretos, es una iniciativa de reforma de corte neoliberal porque sigue encubriendo la sobreexplotación laboral, sin embargo, es un avance al precario sistema de pensiones. Se debe continuar luchando por un sistema pensionario más justo, En el cual, el discurso intelectual debe bajar al terreno político de una manera clara y entendible para que las y los trabajadores logren consolidar un fondo de pensiones que realmente les otorgue seguridad social y cubra todas las carencias que han lastimado históricamente a la clase trabajadora.

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