Descentralizar 30 dependencias federales y mudarlas al interior del país, como plantea el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es inviable para un solo sexenio desde el punto de vista administrativo y de infraestructura, afirmó Alejandro Kuri, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

“Es un proceso muy complejo administrativamente hablando, en donde intervienen muchas instancias del gobierno federal, porque no sólo es cambiar las oficinas de lugar sino diseñar la logística, mover a las familias, encontrar espacios, ciudades con infraestructura necesaria; hay que encontrar o crear la infraestructura de transporte, espacio público, banquetas, drenaje, luz, etc. No es tan simple meter a 20 mil o 30 mil nuevas personas en una ciudad que no tenga la infraestructura necesaria y que no cuente con la oferta de vivienda que se necesita” .

Kuri calificó el proyecto de López Obrador de ambicioso y aun cuando dijo estar de acuerdo con él, consideró que para poder concretarse al 100 por ciento se requerirá de varios sexenios.

“Hay zonas muy pobres que necesitan este impulso que les da una secretaría de Estado, que les daría una inyección de inversión pública en carreteras, aeropuertos, calles, en infraestructura. Yo vería viable mover de una a dos secretarías por año para hacerlo de manera ordenada y eficiente. Si en el próximo sexenio se realiza el cambio de seis u ocho dependencias, será un éxito total del programa y lo aplaudiremos todos los ciudadanos, sobre todo los de Ciudad de México, donde tendremos mayor movilidad y calidad de vida”.

En esto coincide Giovanni D’Angostino, de Newmark Grubb Knight Frank, una de las firmas más importantes de bienes raíces a nivel mundial, quien afirma que se trata de la iniciativa inmobiliaria más grande en México, en la que se pretenden reubicar a alrededor de 240 mil personas, por lo que se requiere de tiempo para poderla concretar de manera exitosa.  “Tenemos que considerar que no nada más es mover una oficina de un lugar a otro; es mover a gente, a familias, darles infraestructura educativa, de servicios, etc. Es un cambio fuerte para las ciudades”, dijo. 

Vivienda y oficinas El presidente de la AMPI dijo que un parámetro que sirve para medir la complejidad de la descentralización es la cantidad de oficinas disponibles, así como la de casas-habitación, en donde, dijo, hay un déficit anual de un millón 200 mil viviendas en todo el país.

“Ciudades pequeñas no tienen infraestructura para recibir dependencias. Tendrán que trabajar gobierno y empresarios de manera coordinada para que la transición sea posible. Se tienen que construir una cantidad de viviendas y oficinas enorme”, afirmó. 

Específicamente, habló del reto que enfrentarían los créditos hipotecarios contratados con Infonavit y Fovissste. En su mayoría, los empleados de las dependencias gubernamentales que tienen un crédito hipotecario lo tienen contratado con Fovissste, entidad que no cuenta con un programa de movilidad hipotecaria como es el caso de Cambiavit del Infonavit; esto limita sus posibilidades de cambiar de residencia por no contar con un lugar para vivir.

“Con el Cambiavit tenemos cifra proyectadas de 120 mil casas al año, pero las dependencias que se van a cambiar tienen empleados con créditos Fovissste, no con Infonavit; entonces forzosamente el Fovissste tendría que implementar un programa similar al Cambiavit a nivel nacional”, explicó Kuri. Detalló que actualmente el Infonavit opera alrededor de 50 por ciento de los créditos hipotecarios en el país, mientras que el Fovissste tiene 15 por ciento.

“Entonces, si el Cambiavit, que tiene más de dos meses que empezó, apenas tiene alrededor de 5 mil interesados en cambiarse de casa, el Fovissste si arranca un programa similar no podrá desplazar a más de 25 mil o 30 mil acreditados en un año, y hay dependencias que tienen esta cantidad de trabajadores”.

Kuri dijo que los destinos sin la infraestructura necesaria para tener dependencias es Chetumal donde se pretende este la Secretaría de Turismo y Ciudad del Carmen para llevar a Pemex.  Los destinos con falta de oferta en obras necesitarían edificios de entre 30 mil y 70 mil metros cuadrados, que tardan en construirse hasta cinco años y tienen un costo de 600 millones de dólares. 

Para Sergio Rodríguez, también de Newmark Grubb, el reto también estará en la demanda de oficinas que la mudanza traería consigo, sobre todo en aquellas ciudades como Torreón, Puebla, Zacatecas, Nayarit, Puerto Vallarta y Tlaxcala, que no cuentan con suficiente infraestructura de este tipo.  “No vemos ningún cambio de manera acelerada, debido a que no existen estos espacios en estas ciudades para poder albergar las dependencias hoy. No obstante es factible que se puedan desarrollar, pero nos llevará un periodo de aproximadamente 3 años o tal vez más”, explicó.