Ciudad de México. Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) insistieron en que el Congreso Nacional Extraordinario de ese gremio, citado para los próximos 12 y 14 de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco, "es ilegal", pues el dirigente magisterial, Juan Díaz de la Torre, "ocupa ilegítimamente el cargo de presidente del Sindicato, por lo que no tiene facultades para hacer la convocatoria" a este ejercicio, en el que se contempla la elección y toma de protesta de la nueva dirigencia.

En conferencia de prensa, docentes que participan en el Grupo de Análisis Jurídico y Dignidad Magisterial, a quienes un juez de Tijuana, Baja California, les concedió a través de la vía del amparo una suspensión provisional contra la toma de nota como presidente del SNTE de Juan Díaz de la Torre, detallaron que los estatutos del gremio impiden a una persona tener dos cargos, por lo que al ser secretario general, el dirigente no pude ocupar la presidencia de la agrupación.

Por ello, "no tiene calidad para citar a Congreso Nacional, el cual también de forma inexplicable adelantó en sus tiempos, ya que correspondería hasta octubre de este año celebrarlo", señaló el maestro Venancio Morales, presidente del Grupo.

Enfatizó que si Díaz de la Torre insiste en celebrar el séptimo Congreso Nacional Extraordinario del SNTE lo denunciarán penalmente.

El abogado Carlos de Buen, asesor jurídico de esta parte de la disidencia del magisterio, detalló que por el momento el juez de Tijuana otorgó una suspensión provisional a la toma de nota que el la Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) después del sexto Congreso NAcional Extraordinario, efectuado en octubre de 2014. Y en audiencia que se celebrará el 15 de febrero, se determinará si se concede la suspensión total o no.

Durante la conferencia, se explicó que esta decisión deja a Díaz de la Torre fuera el cargo de presidente del SNTE, pues su nombramiento fue "ilegítimo", por lo que corresponde a la maestra Elba Esther Gordillo Morales las funciones de dicho encargo. Ello pese a que haya un proceso legal en su contra, pues los estatutos no señalan que ella no pueda ejercer la presidencia por esas razones.