CDMX.- César Fernández Ramón, coordinador de Control de Obra en plataforma en Ciudad del Carmen, en Campeche, acudió a inicios de junio con Luis Rey Márquez González, médico de la empresa Demar Instaladora y Controladora Outsourcing Hasen del Golfo, a ponerlo en alerta de que en su cabina-dormitorio para empleados petroleros, su compañero, Sergio Hugo Espinosa, ingeniero de planeación, tenía todos los síntomas de COVID-19, por lo que era necesaria atención médica y bajar a todos los de su oficina de alta mar, para entrar en cuarentena.

“Es un simple resfriado, no sean paranoicos, vuelvan a trabajar”, les contestó el médico. Una semana después César y Hugo fallecieron, otro integrante de la cabina también fue infectado de COVID-19, pero logró esquivar la muerte. Una guardia antes, dos empleados más del barco “La Bamba” habían fallecido por la misma causa.

“Los contagios no son nuestra responsabilidad. Ustedes tienen que tomar sus propias medidas de protección”, dijeron al Ejército de empleados de Demar, el Jefe de Recursos Humanos, Juan Carlos Millán, y la doctora en jefe, Rubí Ávalos.

La misma doctora posteó el 10 de julio pasado en su Facebook la oferta de 10 vacantes para el barco “La Bamba”. En la bolsa de trabajo, entre ingenieros, cadistas y encargados de proyecto, también aparecía como opción de trabajo el cargo que tenía Fernández. La reposición industrial de una pieza humana, para tener listo el engranaje a punto en altamar.

Desde el 2013, Fernández Ramón comenzó a trabajar en la empresa Demar, la cual es una outsourcing de grupo EYVA, eterna proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que durante la última década ha venido cambiando de razón social.

En la comunicación constante que César Fernández mantenía con su esposa, Andrea Montero, le alcanzó a escribir el 5 de junio: “ya empecé con tos y fiebre, pero no pasa nada…espero regresar bien con ustedes. El doctor dice que es una gripa normal, pero sí me preocupa. Comparto cabina y oficina con este vato (con Hugo quien falleció de COVID-19 el día 12). Pero voy a regresar bien amorchi (sic), ya quiero poder abrazarlos y no estar distanciados”. César ya no pudo cumplir esa promesa a su mujer.

“No los quisieron bajar del barco, fue orden del administrador. Mi esposo les advirtió que tenían que bajarlo o aislarlo, o iban a afectar a los demás. Cuando comenzó la presión de otros empleados, la empresa hizo pruebas de COVID. En los primeros días de junio bajaron a nueve empleados, pero no dieron resultados, pasaron cuatro o cinco días y no hubo resultados.

“A los que no bajaron les pidieron que se esperaran a revisión en tierra. Había la opción de traerlos en vuelo (helicóptero), pero los administradores no quisieron. César no tenía por qué haber muerto”, recrimina Andrea Montero en entrevista.