“En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada ‘Casa Blanca’ causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, y en esto, reconozco que cometí un error”.

Las palabras corresponden al discurso pronunciado ayer por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el marco de la promulgación del paquete legislativo del denominado “Sistema Nacional Anticorrupción”.

Pero el Presidente no se limitó a reconocer que hubiera cometido un error al soslayar o minimizar el efecto que en la sociedad mexicana causaría el que su esposa apareciera en algún momento como propietaria de una residencia cuyo costo y procedencia, de acuerdo con la información conocida, haría sospechar a cualquiera sobre la posibilidad de un caso de corrupción o, cuando menos, de tráfico de influencias.

 “No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el Gobierno”, dijo el Mandatario, para enseguida pronunciar 20 palabras que bien podrían convertirse en un parteaguas en la historia del presidencialismo mexicano: “En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente, por eso, con toda humildad, les pido perdón”.

¿Por qué podrían convertirse esas palabras en un parteaguas? La respuesta es simple: porque si el titular del Ejecutivo Federal ha pronunciado tal discurso con sinceridad, si se encuentra genuinamente “arrepentido” del episodio señalado, sería de esperarse que a partir de tal circunstancia comiencen a pasarle cosas a los corruptos.

Si el Presidente realmente está convencido de que los funcionarios públicos deben comportarse con honestidad y, además de eso, hacerse cargo de la percepción que generan entre los ciudadanos, entonces tendríamos que comenzar a ver acciones en serio en contra de los actos de corrupción que continúan siendo noticia común en el sector público.

No debe regateársele, por supuesto, un ápice de reconocimiento al presidente Peña Nieto por haber tenido el coraje de pedir perdón en público. Sin embargo, es preciso señalar que el discurso, siendo un magnífico punto de partida, resulta insuficiente para revertir la percepción que de nuestros funcionarios tenemos los ciudadanos.

Los casos de corrupción son innumerables en todos los órdenes de gobierno en nuestro país. Los ejemplos de uso indebido de recursos públicos y de la construcción de fortunas privadas al amparo de los cargos públicos se cuentan por miles; las acciones reales en contra de los corruptos son esencialmente inexistentes.

Por ello, si el “arrepentimiento” presidencial es genuino lo deseable sería comenzar a festejarlo atestiguando una auténtica cruzada no en contra de la corrupción, en abstracto, sino en contra de quienes la encarnan, en concreto.