MÉXICO, D.F.- Arturo Escobar y Vega, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, descartó la opción de regular el mercado de la mariguana como planteó Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para fines recreativos. 

“Es mucho peor la liberación que la contención. México no puede pensar convertir en un hombre de negocios a “El Chapo” Guzmán o a cualquier narcotraficante”, aseguró en entrevista. 

Explicó que México no tiene problemas de adicciones, por ello la estrategia federal debe fortalecer la debilidad institucional que el crimen organizado ha asumido para liberar rutas a Estados Unidos o generar narcomenudeo en zonas donde hay instituciones débiles. 

Señaló que recuperar el Estado de derecho y la estabilidad política en Guerrero es de “máxima prioridad” para el Gobierno federal, porque el lugar puede convertirse en un caso emblemático en el País. 

Adelantó que alista una política pública que contempla un programa de desarme, similar al que se aplicó en Washington para cambiar armamento y recuperar los espacios públicos, que entrará en vigor en Guerrero, Sinaloa, y Michoacán, donde históricamente la gente se defiende. 

–¿Guerrero es más difícil que Juárez? ¿En Chihuahua hablábamos de una ciudad y aquí es todo el estado?– 
“Es un reto mayor, porque en Juárez las maquiladoras daban espacio de actividad económica y empleo. El tema para Guerrero, inclusive el turismo para Acapulco, genera complicaciones adicionales por la falta de policía municipal”. 

–¿Qué balance tiene del programa a tres años de su implementación?– 
“Todavía hay territorios donde se requiere mantener la paz, salvaguardar la libertad y el patrimonio de los mexicanos, pero hay otras zonas del País que en los últimos años estaban inmersos en situaciones de conflicto brutales, como Ciudad Juárez, Torreón, Gómez Palacio y Durango. 

“En Torreón hay una colonia Nuevo México, donde la violencia provocada por el crimen y el narcotráfico provocó el éxodo de más de 2 mil familias. Se convirtió en un caso de éxito a partir de que se desplegó el nuevo esquema de prevención social, sin descuidar la parte de la contención”. 

Aseguró que el gobierno de Peña Nieto dejará un “legado” de generar una política de prevención social de carácter nacional, a partir de una ley con presupuesto y a partir de que la instauración se dé en las 32 entidades del País, con un centro de prevención. 

–¿En qué fase está la construcción de ese “legado”?– 
“En la etapa de poder perfeccionar la política pública a nivel federal, tenemos más de 200 programas o acciones que un gobierno estatal o municipal pueden escoger. 
“Los problemas de violencia y delincuencia son multifactoriales, la descomposición tiene que ver desde la deserción escolar, el acoso, el pandillerismo, su respuesta tiene que ser multidisciplinaria. Estamos en la etapa de poder perfeccionar el diagnóstico. 

–¿En cuántos municipios hay focos rojos?– 
“Para este año desplegamos más de 2 mil 600 millones de pesos, en 107 municipios, en más de 220 polígonos, principalmente en las capitales donde hay mayor hacinamiento y pobreza urbana, por medio de una política de prevención donde intervienen nueve dependencias, con 140 mil millones de pesos al año para prevención”. 

–¿Ve viable la legalización de la mariguana?– 
“Es mucho peor la liberación que la contención. México no puede pensar convertir en un hombre de negocios a ‘El Chapo’ Guzmán, o a ‘La Barbie’. 
“Si Estados Unidos, Canadá, América Latina y la ONU definen generar una política nueva en materia de liberación de la mariguana, es un tema que habrá que debatir. 

–¿Qué opinión le merece el proyecto del ministro Arturo Zaldívar que propone legalizarla con fines de esparcimiento?– 
“Respeto mucho al ministro Zaldívar, considero que refrescó el debate en la Corte, en muchas resoluciones he coincidido, este proyecto no lo comparto. México, por su ubicación geográfica estratégica, tiene que mantener la posición de que las drogas son un tema de salud pública y se tiene que perseguir un delito, y a partir de ahí no mantener una posición de liberación hasta que la ONU pueda abrir un debate y podamos resolver de manera científica las consecuencias positivas y negativas de liberalizarla”. 

–¿Dijo que se apoyaría en las ONG, pero éstas lo han rechazado, ya pasó la tormenta?– 
“Cuando estás en la administración pública siempre hay tormentas, retos y complejidades. Estoy obligado todos los días a probar que estoy capacitado, que puedo dar resultados y probar a la sociedad que la invitación que me hizo el Presidente es la correcta. Tengo la capacidad para el cargo y puedo traer nuevos atributos. Las puertas están abiertas para todas las organizaciones”. 

–¿Han detectado algún estado, que haya jineteado el dinero para prevención?– 
“ Voy a mandar algunos expedientes de entidades que no cumplieron con los lineamientos en 2013 y 2014, independientemente del partido, lo voy a hacer. Quien no cumpla a cabalidad con la comprobación de los recursos económicos no los tendrá en 2017. No vamos a desamparar a los municipios o a los polígonos, los vamos a manejar. Esto no es un juego”. 

–¿Qué estados son?– 
“Lo estamos construyendo, estamos acabando los análisis que entregaremos a la ASF, seguramente a finales de octubre o principios de noviembre estaremos en condiciones de anunciar qué entidades no cumplieron, no vamos a salvar a nadie”. 

–¿En qué consiste el programa de desarme?– 
“Hay zonas de este país que se han convertido en el viejo oeste, donde todos traen pistola, por ello debemos generar una política pública para desarmarlos, especialmente en Sinaloa, Michoacán y Guerrero estamos construyéndolo y retomando las experiencias de Washington y Chicago, donde por medio de la prevención intercambiaron armas para recuperar espacios”. 

Recorte
> Escobar y Vega Para informó que para este año, el Programa Nacional de Prevención del Delito cuenta con un presupuesto de 2 mil 600 millones de pesos.
> Reconoció que hay entidades que no han comprobado los recursos destinados a programas de prevención en los ejercicios fiscales 2013 y 2014.
> Aseguró que acudirá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que revise esos expedientes, y advirtió que no habrá recursos para quienes no cumplan con las normas.