Uno de los procesos que, en términos de rendición de cuentas, debería implicar mayor rigor por parte de las personas involucradas es el de la transmisión de poderes entre quienes concluyen un período administrativo y quienes les suceden en la responsabilidad de que se trate.

Y desde hace un buen número de años, al menos en teoría, se han creado —y perfeccionado— las reglas para garantizar que los procesos de entrega—recepción se realicen de acuerdo a estándares adecuados.

También desde hace tiempo se supone —pero solamente eso— que el paso de la estafeta entre los equipos de sucesivas administraciones es un proceso vigilado, supervisado y auditado de forma escrupulosa a fin de garantizar que en la transmisión de poderes no resulte perjudicado el interés público.

Sin embargo, datos revelados por la Auditoría Superior del Estado parecen dejar claro que, al menos en lo relativo a la transmisión de poderes en los ayuntamientos de Coahuila, el rigor y la pulcritud en dicho proceso no parece preocuparle a nadie, o a casi nadie.

De acuerdo con la ASE, en 14 de los 38 ayuntamientos de la entidad —entre ellos los más importantes en términos poblacionales— no se habría realizado el proceso de entrega—recepción entre las administraciones que concluyeron su función el último día de diciembre de 2013 y las que iniciaron su gestión el primer día de enero de 2014.

Y a juzgar por los municipios incluidos en la lista de “incumplidos”, da lo mismo que la transmisión de poderes se realice entre dos administraciones emanadas del mismo partido político o que se trate de un cambio de colores en el equipo que entra al relevo.

Esto es así porque en la lista de municipios donde no existe evidencia de que las administraciones entrante y saliente se hayan ajustado a las formalidades del caso se encuentran, como ejemplos emblemáticos Saltillo y Torreón.

En el primer caso, como es sabido, la administración municipal pasó de un ayuntamiento con origen priísta a uno de extracción panista, mientras que en el segundo caso ambas administraciones surgieron del mismo partido.

No se trata pues —al menos en apariencia— de un problema de orígenes partidistas, sino de una ausencia generalizada de vocaciones por parte de quienes buscan ocupar posiciones de poder en la estructura de las instituciones públicas.

Tal ausencia de vocación se ve reforzada, sin duda, por una mala supervisión y por una actuación permisiva por parte de quienes tienen a su cargo los mecanismos de vigilancia del trabajo de los servidores públicos.

¿Qué hace frente a ejemplos como estos que evidencian un auténtico desorden en el resguardo de los bienes públicos? ¿Cómo confiar en que el traspaso de poderes no constituye un área más de oportunidad para la corrupción que caracteriza la actividad gubernamental?

Valdrá la pena que a responder estas preguntas salgan no solamente la ASE, sino también nuestros legisladores.