El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) elaboró el Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” y analizó 700 mil procedimientos de contratación.

Los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31% de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de 2012 a 2016.

“El que 71% de los contratos sea por adjudicación directa me dice que todas las dependencias abusan del término excepción y lo usan ya como una regla”, indicó Max Kaiser, director de Anticorrupción en el IMCO.

Las tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia y de transparencia y la existencia de anomalías diversas.

Estos factores, de acuerdo con la metodología implementada por el IMCO, permiten determinar el nivel de riesgo, debido a que la corrupción es propicia cuando no hay competencia ni transparencia.

"Aquí no estamos probando que hubo corrupción, lo que estamos probando es que se contrató con altos niveles de riesgo: con poca competencia, con poca transparencia y con muchas anomalías", señaló Kaiser.

Las cinco entidades que gastan con mayores riesgos de corrupción son la CFE, el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la SCT.

Le siguen Prospera, Liconsa, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría del Medio Ambiente.

Kaiser recordó que, al inicio de la actual administración, el Ejecutivo pretendía desaparecer la Secretaría de la Función Pública (SFP) y permitió que los responsables de cada Secretaría o entidad pública designaran a sus propios contralores, lo que probablemente debilitó la fiscalización de los Órganos Internos de Control (OIC).

"Por lo tanto, a la hora de empezar a hacer las contrataciones, dicen 'bueno, no importa si lo contrato a empresas que están sancionadas, y tampoco importa si lo hago a empresas que no tienen RFC, y tampoco importa si lo hago a empresas que no han cumplido en contratos anteriores, tampoco importa si lo hago con empresas con las que hay conflicto de interés, porque nadie me está fiscalizando", advirtió.

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Con información de Reforma