La renovación del ejecutivo federal cada seis años es motivo de esperanza para un número importante de ciudadanos, lo ha sido aun más cuando dicha renovación ha significado alternancia de partido político. La actual, por iniciarse el próximo primero de diciembre, será la tercera desde el año 2000, y a juzgar por la votación recibida, sin duda, la esperanza de que ahora sí las cosas irán mejor, mucho mejor, es mayor que nunca lo había sido. 

El nuevo gobierno anuncia una Cuarta Transformación y el presidente electo repite constantemente que no le va  a fallar al pueblo.

En este artículo se intenta entender el significado de la estrategia del nuevo gobierno, a la cual se ha etiquetado como la Cuarta Trasformación; se busca además identificar algunos requisitos que estimamos debe cumplir si ha de tener éxito.

Para comprender el significado de este proyecto político debemos explorar las motivaciones profundas del presidente electo, lo que lo mueve a proponer esta estrategia. 

Una hipótesis al respecto, surge, en mi opinión, si imaginamos el impacto que debió tener en una persona, con la sensibilidad social de alguien como el señor López Obrador, el haber recorrido por 18 años el país escuchando las voces, los sueños, las frustraciones y quejas de miles de mexicanos, hombres y mujeres, de clase económica media y baja principalmente, de las diversas comunidades, ejidos, pueblos, colonias populares, incluso ciudades, personas que en su mayoría no han participado de los beneficios del crecimiento económico de las últimas décadas; a no dudar, estas voces le han relatado por ya mucho tiempo, las dificultades que enfrentan para satisfacer sus necesidades básicas o le han narrado las deficiencias de servicios fundamentales como los educativos o los de salud; voces que también le han narrado los abusos que sufren de parte de personas de mayor poder, ya sea éste económico o político. 

No es difícil imaginar como estas vivencias pueden impactar a alguien socialmente comprometido como el presidente electo, más cuando estas vivencias y penurias se contrastan con el enriquecimiento de empresarios y políticos, enriquecimiento que ha sido producto no de su esfuerzo o talento, sino del goce de privilegios o de hechos de franca corrupción, cuando se contrasta con la enorme desigualdad que hay en el país.

Por ello, opino que la motivación profunda de la llamada 4T se nutre del deseo de cambiar este estado de cosas para combatir la desigualdad. Este deseo de erradicar privilegios y monopolios se está traduciendo en una agenda de cambios diversos, algunos radicales, a las reglas del juego, cambios que, de manera explícita o no, buscan que el desarrollo del país beneficie a los menos favorecidos por el crecimiento de la economía nacional de las últimas décadas.

Esta hipótesis, de que la 4T se trata de un cambio profundo para reducir la desigualdad, de lograr un desarrollo más igual para todos, permite identificar pistas o requisitos para evaluar las posibilidades de éxito de esta estrategia.

Antes una precisión: ¿Qué tipo de desigualdad debe combatirse? La que es resultado del esfuerzo, de la innovación, de la creatividad personal, es un tipo de desigualdad que contribuye al desarrollo del todo, y por lo mismo debe ser alentada y en todo caso, regulada, por la vía fiscal, para evitar excesos, más no debe combatirse, es un motor de desarrollo. Por otra parte, la desigualdad que es producto de los favores indebidos, de los monopolios, de la corrupción, frena el desarrollo y debe combatirse hasta su erradicación.

En este contexto, una forma de evaluar las posibilidades de éxito de la 4T es analizar las diversas medidas que está impulsando el próximo gobierno, como parte de esta estrategia, desde la óptica de su contribución potencial a reducir la corrupción, a la eliminación de privilegios o de conductas monopólicas.

Coincido con el fin: el futuro de México, si ha de ser mejor que a la fecha, exige que combatamos las desigualdades producto de la corrupción, los privilegios, los monopolios. Dudo sin embargo que las acciones que empiezan a dar forma a la 4T, las que se han anunciado hasta el momento, logren dicho propósito.
Explico mis razones para dudar. 

En materia de corrupción, no hay hasta la fecha una propuesta clara, más allá del énfasis que se pone en la honestidad del propio Presidente. Yo no cuestiono su honestidad personal, tampoco pongo en tela de duda su compromiso con desempeñar su función de manera honesta; pero ello no será suficiente para combatir la corrupción. 

El combate efectivo de la corrupción pasa por el combate a la impunidad. Lo mismo el combate a la inseguridad. Mientras haya impunidad habrá corrupción, habrá inseguridad, seguirán floreciendo los monopolios y los privilegios indebidos, y poco se podrá avanzar en el combate a la desigualdad.

Las medidas anunciadas, algunas de ellas ya convertidas en ley, no lograrán erradicar la corrupción, ni los privilegios, ni los monopolios, por tanto no lograrán mucho avance en el objetivo principal, el combate a la desigualdad.

Un ejemplo claro de esta falla lo da la nueva ley para regular los salarios de todos los cargos públicos. Sin duda, en el ámbito de las remuneraciones a integrantes de los tres poderes de los diversos órdenes de gobierno y de los llamados organismos autónomos, hay privilegios que deben ser eliminados. 

El problema es la forma de hacerlo. Hacerlo como plantea la ley, limitando todas las remuneraciones al salario del Presidente, no es solución. En primera instancia, no todas las remuneraciones afectadas por esta ley constituían un privilegio indebido, sino que obedecían a la responsabilidad del cargo, a las exigencias de preparación, conocimiento y experiencia para poder desempeñar dicho cargo, a la competencia que existe por ese tipo de talento en el mercado. Limitar las remuneraciones en este tipo de casos,  al salario del Presidente, solo va a provocar fuga de talento, como ya se está observando. La nueva ley tampoco explica por qué se gestaron los excesos o privilegios que se pretende combatir y por lo mismo no se propone la eliminación de sus causas. 

En cuanto a su estrategia para promover un crecimiento económico con mayor igualdad, tampoco está clara una propuesta efectiva para ello. Crecer con mayor igualdad y a la vez mantener la estabilidad requiere al menos dos grandes decisiones: la primera, una profunda reforma fiscal, que distribuya la carga fiscal de manera más equitativa que la actual y que la eleve de manera importante, y dotar así al Estado de la fortaleza económica necesaria para hacer viable la segunda decisión; esta segunda sería un cambio radical de política social para vincularla íntimamente a la económica, y superar el carácter asistencialista, clientelar y electorero de las actuales políticas llamadas sociales, para migrar a políticas sociales universales, que reconozcan como derecho humano y no como dádiva, un ingreso básico, salud y educación de calidad, al menos. 

Y junto con esta nueva política social, la reforma fiscal necesaria debe proveer los recursos para financiar un ambicioso programa de mejora de la infraestructura productiva y social del país, que permita sustentar un mejor desempeño de la economía en su conjunto. 

Finalmente, la reforma fiscal debe permitir el fortalecimiento de la capacidad del gobierno y de los órganos reguladores autónomos, para impulsar conductas competitivas en todos los sectores de la economía nacional, como base para la innovación y el crecimiento.

Las motivaciones de la Cuarta Transformación son válidas, espero que el inicio del nuevo gobierno traiga consigo las decisiones necesarias para el bien de México.