Saltillo.- La Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC) ha dado continuidad a 10 recomendaciones emitidas en noviembre del año pasado a cárceles estatales y centros de readaptación juvenil. Las quejas de los internos obedecen a la falta de información sobre los procesos penales, mejoras de la alimentación y limpieza. 

El año pasado la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila visitó 11 Centros de Integración, Diagnóstico, Tratamiento y Atención de Adolescentes, ubicados en Saltillo, San Pedro y Piedras Negras. Además revisaron 7 penales en: Saltillo (varonil y femenil), San Pedro, Torreón, Sabinas, Piedras y Acuña. 

Según Javier Eduardo Roque Valdés, visitador General de la CDHEC, las 11 revisiones derivaron en 10 recomendaciones emitidas a todos los centros de adolescentes y penitenciarios a excepción del penal de Sabinas —cerrado en septiembre del año pasado por riesgos de colapso— donde la mayoría de los internos fueron reubicados en su mayoría en el penal de Piedras Negras. 

Algunas obedecen a las condiciones antihigiénicas del centro penitenciario y mala alimentación, Las autoridades tuvieron un lapso de ocho meses aproximadamente para cumplir las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos.  

“Ya tenemos en proceso las visitas de supervisión para verificar el cumplimiento a las recomendaciones y estamos en la etapa de verificar la forma en que la autoridad ha cumplido con las medidas”, explicó Javier Eduardo Roque Valdés, visitador general de la CDHEC.

En el tema de la alimentación han avanzado, pues antes los alimentos eran cocinados en los centros de readaptación social; ahora existe una concesión del servicio de alimentación a una empresa particular que establece el menú fijo de las tres comidas a todos los penales. El servicio ha permitido establecer dietas según las condiciones de salud de cada interno, pues algunos padecen enfermedades como diabetes y deben consumir un menú especial. 

En las verificaciones también constatan que exista trato digno a los internos, pues algunos alegan falta de transparencia en los procesos penales y el rechazo a ciertos beneficios.