El Congreso del Estado aprobó una pena de hasta ocho años de prisión a quien incurra en el delito de halconeo, mismo que ahora se desprenderá en dos nuevas figuras penales, pues la que estaba vigente hasta ayer no logró combatir eficazmente ese ilícito.

Los diputados locales avalaron por unanimidad diversas reformas al Código Penal de Coahuila, a raíz de una propuesta presentada por el gobernador Miguel Riquelme Solís, quien aseguró que el ordenamiento tenía un concepto cuya redacción era vaga e imprecisa y por lo tanto no dio los resultados esperados.

“La figura delictiva actual (ya reformada) adolece de una pesada carga para las instituciones públicas, pues exige un cúmulo de elementos obstaculizando con ello el impulso y procesamiento de causas penales; además de que en la actualidad se presentan otras conductas no tipificadas que lesionan la seguridad pública y la justicia”, señalaba la propuesta del Ejecutivo.

LA NUEVA FIGURA

Con la reforma aprobada, se incluyen en el Código Penal las figuras de “Delito contra las funciones de seguridad y justicia” y de “Facilitación de medios para la comisión de delitos contra la seguridad y justicia”, dentro de los cuales encuadran conductas relacionadas al halconeo y espionaje.

Por un lado, se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y multa de hasta 40 mil pesos a quien obstaculice el paso de vehículos de instituciones de seguridad pública; posea, porte o utilice equipo para espionaje o halconeo; instale, permita o consienta la instalación de antenas o cualquier instrumento de comunicación en su propiedad para espionaje o halconeo.

Se dará la misma pena a quien utilice para el espionaje, uniformes, prendas de vestir, insignias, distintivos o equipos similares a los utilizados por cualquier institución de seguridad pública. De la misma forma se sancionará a quien dañe, altere o impida el funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia.

Además, se impondrán de seis a 12 años de prisión y multa de 400 a 600 días a quien procure o administre recursos materiales, económicos o de cualquier tipo para la comisión de las conductas citadas.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Marcelo Torres Cofiño, dijo que es necesario adecuar el marco legislativo de Coahuila, pues el crimen organizado ha ampliado su margen de maniobra.