CDMX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del mecanismo nacional de prevención a la tortura, emitió una recomendación a los centros de reclusión que dependen del gobierno de Nuevo León y otra a las agencias y fiscalías del Ministerio Público dependientes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por situaciones de riesgo detectadas en los lugares de detención visitados.

El documento sobre los penales que dependen del estado de Nuevo León fue derivado del informe inicial 3/2015 realizado por el mecanismo de prevención y de la visita de seguimiento donde se encontró que las situaciones no fueron atendidas y requieren acción inmediata.

La CNDH visitó 48 agencias del Ministerio Público, un separo, tres cárceles, dos instituciones abiertas para sentenciados y dos centros de tratamiento interno para adolescentes, dos hospitales siquiátricos y un centro de asistencia social para menores de edad.

El informe destaca que en los centros de reclusión de Apodaca, Cadereyta y Topo Chico persiste la sobrepoblación, padecen insuficiencia en el suministro de alimentos, las instalaciones fueron encontradas en malas condiciones -en especial sanitarias e hidráulicas- y no hay instalaciones adecuadas para mujeres y para los hijos de las internas que viven ahí.

En estos tres sitios se constató la existencia de grupos de internos que realizan cobros por brindar protección u ocupar una estancia. En Cadereyta y Topo Chico, los reos mencionaron que cuando no se cubren las cuotas son golpeados y castigados y hay internos que tienen el control de las instalaciones.

En el penal de Topo Chico, los visitadores observaron a personas encadenadas con grilletes en pies y manos.

La recomendación para las agencias del Ministerio Público dependientes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, deriva del informe 1/2015 que reporta la falta de asignación de presupuesto para dar alimentos a las personas detenidas y la omisión de supervisión directa de los encargados de las agencias del Ministerio Público a los lugares de detención, para verificar el estado de las personas puestas a disposición.

Personal de la CNDH visitó 33 agencias y del Ministerio Público bajo la jurisdicción de la Fiscalía General, 11 centros de reclusión para adultos, uno de tratamiento interno para adolescentes, ocho separos de la policía, dos hospitales siquiátricos, una casa hogar, un centro contra las adicciones y ocho instituciones privadas de asistencia social que brindan atención a menores de edad.

En 38.46 por ciento de los inmuebles se constató que no cumple con los estándares internacionales para garantizar una estancia digna. La CNDH recomendó al gobierno de Nuevo León realizar acciones para garantizar que todas las personas recluidas reciban alimentos y se realice una evaluación del mantenimiento de las prisiones para que se aseguren condiciones de habitabilidad e higiene.