Al cierre del 2017, en territorio veracruzano fueron localizadas oficialmente 343 fosas clandestinas donde el crimen organizado sepultó de manera ilegal docenas de cuerpos de personas.

Al comparecer ante la Comisión de Procuración de Justicia en el Congreso del estado, el fiscal General del estado, Jorge Winckler Ortiz, informó que las inhumaciones irregulares se ubicaron en 44 municipios.

Hasta ahora se han encontrado 225 cuerpos, 335 cráneos y más de 30 mil 600 fragmentos humanos. Los expertos periciales han logrado identificar 111 cuerpos y hay 114 que están en proceso de análisis.

De manera paralela, dijo el funcionario, la Fiscalía detectó otros 273 cuerpos que fueron enterrados al margen de la ley, de los cuales en el municipio de Veracruz se detectaron 173 cuerpos; en Agua Dulce, Pueblo Viejo, Tres Valles y Alvarado 16 casos en cada demarcación.

Sobre casos de desaparecidos, expuso que se tenían 524 denuncias o carpetas de investigación, pero en total el número llegó a 3 mil 600 casos reales.

Denunció que la pasada administración no reportó mil 876 casos de personas desaparecidas al sistema nacional.

El fiscal general indicó que se han girado 19 órdenes de aprehensión por delito de desaparición forzada y se han ubicado a 685 personas denunciadas como no localizadas.

En otro tema, informó que en un año 12 servidores públicos de la Fiscalía han sido destituidos de sus cargos por incurrir en diversos actos de corrupción o violación de derechos.

Señaló que de los 11 mil 664 oficios iniciados contra servidores públicos, se ha dado lugar a 154 procedimientos administrativos de responsabilidad.

Y que por ese motivo 234 servidores públicos han sido implicados en diversos ilícitos, por lo que se han hecho 20 amonestaciones, 118 suspensiones sin goce de sueldo y las 12 destituciones de los cargos.

A gritos, el ex candidato de Morena a la alcaldía de Chicontepec, Gonzalo Vicencio Flores, interrumpió la comparecencia y acusó que a ocho meses de haber sufrido un "levantón", la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha avanzado en la investigación para dar con los responsables.

Y es que el morenista acusó al diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Francisco Martínez, como el responsable de la agresión en su contra.

"Hay que preguntarle al gobernador, Miguel Ángel Yunes y al fiscal general si los están protegiendo o qué están haciendo, porque yo como parte agraviada pido justicia y la verdad temo por mi vida; al delincuente lo tienen aquí en la cámara, es Manuel Francisco".

El 4 de junio del 2017 fue privado de su libertad en la comunidad de Xocócatl, y aseguró que la agresión tuvo la intención de no permitir que ganara las elecciones para que la familia del diputado siga ejerciendo "su cacicazgo".

"Fui levantado, fui golpeado, me fracturaron las costillas y el cráneo; pero señalo directamente a los autores intelectuales y materiales; uno de ellos está aquí y es diputado del Partido Verde, Manuel Francisco Martínez".