Cerca de 30 viviendas y negocios de la colonia República Oriente fueron vandalizados este fin de semana con graffitis en puertas, portones de cocheras, bardas, vidrios de aparadores y hasta espacios públicos, como plazas.

Vecinos del lugar declararon a VANGUARDIA que entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, fue cuando se realizaron las pintan que afectan a un grupo considerable de ciudadanos.

En un recorrido realizado desde la calle de Hidalgo a la altura de Valdes Sánchez y hasta su cruce con la calle Reynosa, se contabilizaron por lo menos 20 graffitis en fachadas de viviendas, algunos negocios y parabuses de plazas públicas.

En la calle Nava, por ejemplo, desde su cruce con la calle Nayarit y hasta la altura de Chiapas, se observan 15 graffitis más sobre las casas.

Entre las afectadas se encuentra la señora Laura Iturbide, quien indicó que dos ocasiones anteriores había vivido una situación de “pintas”, pero no con la magnitud con que se presentó este fin de semana.

“Esto es excesivo, ya antes a mi yerno le habían rayado la camioneta, ahora aquí la barda y antes también en la nomenclatura habían pintado, pero ya no se distingue tanto”, apuntó, al mismo tiempo que sostuvo que los vecinos ya se organizan para presentar una denuncia colectiva contra un sospechoso.

Aunque la denuncia, de acuerdo con la Comisión de Seguridad de Saltillo no ha sido presentada de manera formal, los vecinos aseguran haber dado parte de la situación a través de los grupos de “Vecino Vigilante”, por lo que se mantiene patrullaje por la zona para evitar nuevos graffitis.

Otro de los afectados, dueño de una lavandería en la zona, se vio forzado a pintar la cortina metálica de su negocio, así como la pared de uno de sus locales.

“Compré una lata de pintura y tratamos de tapar lo mejor que pudimos, dimos parte a las autoridades y ya se encargarán de aprender a quien hemos logrado identificar”, apuntó.

ES UN DELITO

En 2004 el Congreso del Estado aprobó las reformas al Código Penal para tipificar el graffiti como delito.

Se castiga con hasta tres años de cárcel, en el caso de que los daños se causen a comercios.

Seis años de prisión cuando se trate de bienes públicos que formen parte del acervo cultural.