Sólo de 2002 a 2013, las secretarías de Educación de los estados recibieron mil 365 quejas por agresiones, abuso y acoso sexual en los planteles escolares, y en 26% de los casos no se inició ninguna investigación, según documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

En todo el país, sólo 22 entidades tienen programas de prevención de violencia sexual contra menores de edad. Sin embargo, no siempre están dirigidos a todos las personas que deben estar informados, como lo son los padres y todo el personal que labora en la escuela y no sólo los maestros.

Se trata de Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

En tanto, desde 2014, la CNDH señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) carecía de una normativa que estableciera los criterios mínimos para que las entidades realizaran sus lineamientos de atención y prevención de abuso sexual. Sin embargo, en los últimos dos años no se ha publicado nada al respecto en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con la Recomendación sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de niñas y niños en centros educativos, emitida por la CNDH en 2014, el organismo reportó que de enero del año 2000 a 2014 recibió 190 quejas al respecto.

Hasta 2012, el número de quejas no superó los 25 casos, pero en 2013 aumentó a 51 y en 2014 se registraron 31. Sobre estas quejas, la CNDH emitió 18 recomendaciones, de las cuales 14 fueron dirigidas a la Secretaría de Educación Pública, una al gobierno de Oaxaca, Michoacán, Zacatecas y a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En las recomendaciones se comprobó que 129 niñas y niños sufrieron violencia sexual mientras cursaban educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y educación especial.

En las investigaciones de la CNDH, comprobó que 28 los agresores eran servidores públicos y laboraban en las escuelas como profesores, prefectos, personal de intendencia y empleados administrativos.

Sólo en dos de las 18 recomendaciones hubo una actuación oportuna por parte de la autoridad escolar después de la denuncia, mientras que en los casos restantes, las fallas atentaron contra las víctimas: las escuelas y autoridades permitieron que el agresor continuara frente a un grupo, no sancionaron al agresor, ni actuaron para evitar que las agresiones continuaran repitiéndose.

La CNDH preguntó a las secretarías de Educación de los estados información sobre las quejas recibidas sobre abuso sexual en las escuelas y la Ciudad de México tuvo el mayor registro, con 546 entre 2000 y 2013. Le sigue Veracruz con 190 y el estado de México con 156; Jalisco 139 y Guanajuato 124.

El organismo concluyó que la violencia sexual en centros escolares conlleva “diversas omisiones por parte de las autoridades escolares”, como la falta de una política de prevención e identificación, desconocimiento o negligencia por parte de las autoridades escolares respecto al procedimiento que se debe seguir cuando se ha detectado un caso de violencia sexual, inadecuada atención a las víctimas.

Además, falta de instalaciones adecuadas en los centros escolares, y la falta de control en la contratación de personal y la aplicación de sanciones insuficientes hacia los servidores públicos que incurran en conductas de este tipo.

¿Falló el protocolo en el caso del kínder Matatena?

La violación sexual contra menores de edad en el kinder Matatena puso en evidencia la actuación de los funcionarios públicos frente a este problema. Aunque desde 2012 la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal tiene lineamientos para la prevención, atención y seguimiento de la violencia, maltrato, acoso escolar y abuso sexual infantil, no se cumplieron completamente en este caso.

Un padre de familia denunció ante la directora del preescolar Patricia Guitlán, que el administrador, Rafael Duarte, había abusado sexualmente de su hijo. Aunque el protocolo establece que ella debía dar aviso a la SEP, no ocurrió. Aún cuando el protocolo advierte que “la oportunidad con que se atienda a las personas involucradas en el evento de violencia, va a incidir directamente en su solución”.

Otro padre interpuso la denuncia directamente ante la Administración Federal de la SEP. Según el protocolo, después de abrir un expediente, deben realizar una investigación en la escuela.

Mariana Tovar, madre de uno de los pequeños, asegura que las supervisoras sí acudieron al plantel, pero “sólo llenaron reportes machotes y no profundizaron en la investigación; hubo negligencia”, sentencia.

Por ejemplo, dice, nunca reportaron ante la SEP que el kínder también tenía a 22 niños en guardería, pese a que no tenía permiso. Por eso, la SEP cesó a María Reyna Gómez Pérez y a Rosalía Cruz Reyes, subdirectora de Control de Operación e Inspección de Escuelas Particulares y supervisora de Zona, respectivamente.