CDMX.- Más de 84 mil millones de pesos que municipios y estados destinarán a la erradicación de la pobreza están en riesgo de ser mal invertidos, pues este dinero deberá utilizarse con base en un informe de la Secretaría de Bienestar que tiene datos de rezago social de 2015 y 2018, es decir, no toma en cuenta a las personas que han sido afectadas por el COVID-19.

A través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), las autoridades estatales y municipales dispondrán de 84 mil 779 millones 409 mil 852 pesos para implementar obras y servicios en comunidades con pobreza extrema; sin embargo, por ley todos los proyectos se deberán orientar con un informe del gobierno federal que contiene información de rezago social del sexenio anterior.

Especialistas en políticas públicas y desigualdad consultados para este trabajo coincidieron en que ejercer esta cantidad de dinero sin un diagnóstico actualizado, donde se puedan ver las zonas más afectadas económicamente por el COVID-19, podría derivar en una mala inversión que no ayude a erradicar las actuales brechas socioeconómicas.

El documento que se deberá utilizar como referencia para gastar los recursos del FAIS es el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de las Entidades, Municipios y Demarcaciones Territoriales, el cual es elaborado cada año por la Secretaría de Bienestar y se publicó hace dos días en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Según la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos del FAIS, dicho informe anual tiene que ser elaborado con los datos disponibles del Coneval. En ese sentido, para la edición 2021 del estudio la dependencia dirigida por el secretario del Bienestar, Javier May, extrajo las cifras de rezago social por estado y municipio de 2015 del Coneval y la medición de la pobreza de 2018.