El gobierno federal de Enrique Peña Nieto “descongeló” más de mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares depositados en 722 cuentas de personas y empresas vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero.

En una investigación publicada en Aristegui Noticias por Ignacio Rodríguez Reyna, se reveló que a un mes de las elecciones presidenciales de 2018 hubo una masiva liberación de cuentas sobre las que había sospechas de delitos financieros.

“Una orden electrónica desbloqueó casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares de las cuentas de personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros grupos del narco. El beneficio alcanzó también a empresas vinculadas a la Estafa Maestra, a cientos de compañías factureras; o a particulares y firmas empresariales ligadas al desvío de recursos públicos para financiar campañas electorales del PRI”, se dice en el reportaje.

¿CÓMO OPERÓ LA LIBERACIÓN?

Orlando Suárez López, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en ese entonces, sustentó su decisión en dos argumentos.

El primero de ellos fue que mantener el bloqueo podría representar un obstáculo “para el seguimiento de las indagatorias del Ministerio Público”.

El segundo alegato consistió en citar la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte en mayo de 2018, según la cual todo juez debe conceder amparo a quien lo solicite en contra del bloqueo financiero ordenado por la UIF.

Esta jurisprudencia fue basada en un proyecto del entonces ministro  Eduardo Medina Mora, quien había llegado a esa posición a propuesta de Enrique Peña Nieto, en donde se llegó a la conclusión que la UIF sólo tenía la facultad de congelar las cuentas de individuos y empresas cuando dicha medida tuviera como propósito cumplir una resolución de un organismo internacional o una obligación bilateral o multilateral asumida por el país.

BAJO LA MIRA DE NIETO CASTILLO

La actuación de Suárez López, así como su antecesor Alberto Bazbaz fue denunciada ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública por Santiago Nieto Castillo, actual titular de la UIF.

En la denuncia se les responsabiliza de haber tomado decisiones de “manera ilícita y en contravención de sus atribuciones” y de haber realizado actos administrativos carentes de sustento legal que “concluyeron en la eliminación masiva de personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas” de la UIF.

En la denuncia se hace énfasis en que los ex funcionarios hicieron un “uso ilícito de sus atribuciones y facultades” para eliminar a personas y empresas sobre las que hay “indicios suficientes relacionados con los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita”. (Con información de Aristegui Noticias )

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