Imagine el infierno. Imagínelo bien. Imagine que ese infierno comenzó una mañana cuando lo detuvieron policías municipales sin ninguna razón. Imagine que ese infierno comienza cuando entra a una bodega con la leyenda “campo militar”. Cuando le dan la bienvenida con una bofetada y le tapan el rostro con su propia ropa y empiezan a amenazarlo o amenazarla con asesinarla.

Pero no sabe que le depara un nivel más horroroso de infierno. Lo nunca imaginado, lo que creyó sólo existía en las películas de guerra. Y entonces usted es parte de esa escena de terror: comienzan a ahogarlo en tambos de agua hasta que pierde el conocimiento. Cuando despierta lo golpean con una tabla en los glúteos, lo agarran a puñetazos y patadas y lo amedrentan que lo van a descuartizar como a una res.

A la par, mira cómo torturan a su pareja y a su hermano. A su pareja le comienzan a dar de latigazos que le arrancan pedazos de piel en la espalda y luego le desuellan el muslo con una navaja, como si fuera un pollo. A su hermano le aprietan los pezones con pinzas. Pero el infierno no termina allí. Después comienzan a manosear su cuerpo, sus pechos, la cara. La desnudan y comienzan a violarla un grupo de orangutanes con placa. Vaginal, anal y oral. El horror. Después mira cómo violan a su pareja, quien muere en sus manos.

Son 14 horas de un infierno monstruoso, sádico. Se pregunta por qué usted, qué hizo, qué quieren. Pero sólo encuentra la tortura como respuesta. Pero allí no termina. De hecho, apenas empieza el infierno. Dos días después lo acusan de secuestro, los exhiben frente a los medios de comunicación y no sabe por qué, si usted se parte la vida trabajando honestamente.

A partir de allí, cuenta todas las noches que le sobreviene la pesadilla. No duerme. Ya suma así siete años. Siete años viviendo un infierno que pasó de la detención arbitraria a la tortura, a la falsa acusación, a un proceso judicial tortuoso. Siete años presa porque a un grupo de policías se les ocurrió detenerlos. Por estar en el lugar y la hora equivocada.

Ese infierno lo vivió el 12 de febrero de 2013, Mónica Elizabeth Esparza Castro. También su hermano Édgar Menchaca Castro. Y el esposo de Mónica que falleció, Alfredo Domínguez.

Ese infierno allí sigue. Y hoy, después de la última audiencia celebrada precisamente el 12 de febrero, 7 años después de la detención, sólo queda esperar la sentencia: absolutoria o condenatoria. Que se acabe el infierno o se perpetúe.

AL TIRO

Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, hay diversos elementos que deben ser considerados por el juez Yuri Alí Ronquillo para resolver el caso de Mónica y sus coprocesados conforme a derechos humanos.

Primeramente: la ausencia de flagrancia, la detención ilegal y arbitraria. Está la dilación indebida en la puesta a disposición ante el ministerio público, y en esa dilación están los certificados y constancias médicas que registraron las diferentes lesiones físicas que Mónica lució desde que fue presentada ante el Ministerio Público, derivadas de los hechos de tortura.

Está en la recomendación 15/2016 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde se acreditaron graves violaciones a derechos humanos a consecuencia de la detención ilegal, retención indebida y tortura sexual cometida en su contra en las instalaciones de la dirección de Seguridad Pública de Torreón. La recomendación está basada en pruebas que son parte del expediente penal de Mónica.

El Juzgado, por consecuencia, debe analizar las repercusiones e impactos que dichas violaciones tuvieron en el proceso penal. Por ejemplo, si la prolongación injustificada de la detención generó la producción de pruebas, éstas deben declararse ilícitas. La tortura utilizada para extraer declaraciones autoincriminatorias. Además, el Juez se encuentra obligado a realizar la exclusión de todas aquellas probanzas que fueron obtenidas directa e indirectamente por la vulneración de los derechos fundamentales.

No hubo tampoco una cadena de custodia, pues en la detención de una persona, los servidores públicos asumen la calidad de garantes frente a las personas detenidas. Si alguien es detenido en un estado de salud normal y posterior a la detención aparece con afectaciones a la salud, corresponde al Estado proveer de una explicación creíble.

Las pruebas, las violaciones, el infierno vivido, todo allí está. Sólo falta la decisión de un juez, sólo falta que ordene la libertad de Mónica.