Tras las elecciones de julio, en las que el PRI se alzó con mayoría en la Cámara de Diputados a partir de su alianza con el PVEM, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, hizo subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana a Arturo Escobar, líder nacional de ese partido. 

El hecho marcaba el cinismo del gobierno de Peña Nieto; perdido todo escrúpulo, descontado el desprestigio que marca el desempeño de Osorio, se premiaba a quien no sólo en su conducta personal había acreditado hechos delictuosos, sino al que como jefe de la estrategia delictiva del pseudo partido verde había operado directamente la contumacia ilegal con la que se cometió todo tipo de trapacerías para conseguir votos, teniendo como base el fraude a la ley. 

Pese a protestas, el nombramiento quedó firme; el mensaje era terrible: la impunidad como regla intocada que explica la supervivencia del régimen corrupto, y el manto de protección que le brindó Osorio, la reafirmación de la cultura de complicidad desde donde se supone se combate al crimen organizado. 

Por eso cuando el 25 de noviembre Santiago Nieto, fiscal para la Atención de Delitos Electorales, solicitó a un juez que girara orden de aprehensión en contra de Escobar se estrujó el sistema caduco, pero vivo en sus resortes de colusión y defensa de intereses. Nieto tocó el pacto de impunidad que encabeza el presidente; lanzó una cuchillada al nudo gordiano donde se amarra el contubernio de delincuentes y políticos corrompidos. Y por ello la reacción del gobierno, su partido y varios medios de comunicación fue inmediata: de descalificación y linchamiento al abogado que el Senado hizo fiscal por 79 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. 

Para fortuna del fiscal, la contraofensiva priísta tomó el camino del ridículo, pues resulta que el que delinquió ahora se dice perseguido político. La descalificación a Nieto que tiene como principal acusación haber sido asesor del PRD y haber ocultado ese dato, es, además de falsa, un tiro en el pie para el gobierno y sus legisladores, que han promovido en diversos órganos y tribunales a profesionistas que los han asesorado, e incluso salidos de las nóminas de las bancadas priístas en el Congreso. 

Es cierto que no puso especificidades de todos los servicios prestados a instituciones, poderes y organismos privados, pero es injusto decir que lo ocultó como si eso fuera la comisión de un delito. Al menos no fue privada su participación como asesor de la reforma político-electoral; los senadores que intervenimos en la discusión por supuesto que tenemos presente la participación de Nieto en esa confección. El presidente del Senado lo incluyó dentro de una lista de nombres a los que se les mencionó y agradeció su aportación. 

Nieto cumplió con los requisitos de la convocatoria en un proceso transparente en el que se incluyó el análisis de las fuerzas políticas sobre los elementos esenciales y necesarios de ese perfil: conocimiento y experiencia. 

Resulta vergonzoso que la primera vez en que un fiscal se toma en serio su papel, le venga una andanada para desanimar el ejemplo. Defensa vulgar del pacto de impunidad que los une, rémora de un sistema de tapaderas en el que la ley es el valor negociable, y la mutua protección es el eje inalterable. 

Paradójicamente en el Día Internacional contra la Corrupción la jueza Rosa María Cervantes, del Juzgado Decimoprimero de procesos penales, ha buscado extender el manto de protección a Escobar: al negar la orden, el circulo vicioso se confirma perfecto y da cuenta de la profundidad del hoyo negro de la corrupción en México. 

Santiago Nieto está obligado a echarse para adelante, de lo contrario se derribará el mensaje toral que abrió la esperanza: el antecedente frente a los abusos, burlas y fraudes a los que se han acostumbrado partidos y gobiernos en las contiendas electorales. 

Cabe mencionar que tampoco se ha violentado la confidencialidad de la averiguación: los hechos delictivos de Escobar son públicos, están en los estrados del INE y Trife, pero sin que pase nada. Son hechos cínicamente defendidos por sus personeros. Sigue pendiente en el Trife el recurso para quitarle el registro al PVEM. Frente a toda esa inacción, por supuesto que es de reconocer y solidarizarse con quien ha asumido la decisión de perseguir el delito.

Senador del PAN