No resulta exagerado plantear como prioridad la defensa de la República en un escenario donde la autodenominada "Cuarta Transformación" está provocando un acelerado desmantelamiento de las instituciones republicanas y el aniquilamiento de los principales instrumentos de equilibrio de poderes y de control constitucional, propios de sistemas democráticos, construidos durante décadas de lucha por libertades y derechos y contra el omnímodo poder presidencial.

Hoy, con ropajes de mandatario democrático y con un amplio apoyo social ("del pueblo"), el fantasma de Porfirio Díaz (criticado por López Obrador en sus propias publicaciones) cabalga de nuevo, violando Constitución y leyes.

Fue tan grande el hartazgo social acumulando contra el estatus insultantemente excluyente de la mayoría de la población, y contra la corrupción galopante, el saqueo y la inseguridad, que amplios sectores del país quieren creer en algo, mantienen la esperanza de una mejora en su calidad de vida, misma que hoy ven materializada en reforzados programas sociales, sin importar la trampa del control corporativo y el clientelismo electoral que encierran.

Ahí están a la vista los hechos y violaciones al Estado de Derecho que evidencian el desmantelamiento de las instituciones: el INE no podrá organizar elecciones este año por reducción en su presupuesto; la renuncia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral —por la amenaza de la desaparición del mismo—, operada desde la Presidencia ante su molestia por reconocer el triunfo de Érika Alonso, en Puebla.

La cancelación de encuestas del Inegi por falta de recursos ("el censo de bienestar" lo está levantando la propia Presidencia); la cancelación de actividades en la Academia Mexicana de Ciencias por falta de presupuesto; el falso combate al "huachicoleo" para ocultar la verdad sobre el desabasto de gasolinas —provocado por la decisión de suspender la importación del combustible— así como para justificar la imposición de la Guardia Nacional y militarizar al país.

También, la cancelación del aeropuerto de Texcoco provocando pérdidas por 200 mil millones de pesos en las Afores, afectando a millones de trabajadores en sus pensiones; la construcción de la refinería y del tren maya en el sureste, y la compra de centenares de pipas en EU, sin licitación alguna (violando las leyes), y el nombramiento de un "fiscal carnal" con el argumento de tener "autoridad moral"; además de decidir apoyar a Maduro en Venezuela, poniendo en duda nuestra política exterior contra violaciones de derechos humanos; sin contar con su anuncio de que ya no perseguirá al crimen organizado "porque —según él— no es su función", entre otras decisiones.

La toma de las vías férreas en Michoacán por la CNTE (aliada de AMLO), apunta a que existe una estrategia presidencial para desestabilizar al gobernador Aureoles, quien hace unos meses regresó los servicios educativos al gobierno federal por onerosos, además de que ha externado su rechazo a la implementación de la Guardia Nacional.

Morena y la CNTE plantean no levantar el bloqueo de las vías hasta no derrocar a Silvano. Así pues, no importan los daños a la economía local y del país; el objetivo es eliminar a los opositores y sería este el primer gobernador que pretenden remover en el actual sexenio. ¿Siguen Alfaro y Corral? Ominoso mensaje.

Pero ojo, estas acciones obedecen a una estrategia más amplia que es: provocar el miedo en opositores políticos, integrantes de órganos autónomos y organizaciones empresariales y de la sociedad civil. Y el miedo paraliza. ¡Es lo que quiere el gobierno de AMLO! ¡Evitar que el segmento mayoritario de la población —que no votó por él, así como los que están desencantados— se movilicen, ni protesten ni alcen la voz!

El desmantelamiento de la República puede continuar si no unimos voluntades quienes queremos un México más justo, democrático y libertario. ¡Es tiempo de sumarnos en defensa de la República, de las libertades y de la legalidad!