En Coahuila, si uno de los clientes quiere dar de baja el servicio de gas que presta Naturgy debe pagar hasta 6 mil pesos
A pesar de las irregularidades que sufren usuarios con el servicio que presta la empresa Naturgy, si uno de los clientes quiere dar de baja el servicio tendrá que pagar para que así sea.
Lo anterior lo especificó Alfredo Macías, encargado de despacho de la Procuraduría para la Defensa del Consumidor, quien señaló que el costo asciende hasta los 6 mil pesos si aún se deben pagos en el contrato.
Aclaró que dependiendo del caso será el valor de la cifra. Profeco reportó el pasado lunes que van alrededor de 300 denuncias ante esta procuraduría.
“Normalmente tienen que liquidar lo que queda del contrato. Vale casi como 6 mil pesos, pero el costo de la cancelación es lo que le reste a cada consumidor”, explica.
Desde hace más de ocho días que tanto en la Procuraduría de la Defensa al Consumidor como la única sucursal existente de esta marca española, no dejan de llegar quejas y peticiones de revisión y aclaración de recibos con cobros exorbitantes
VANGUARDIA publicó que la espera en la unidad de atención de esta oficina es de hasta tres horas. Además se señaló que el contrato advierte que la empresa puede emitir facturas con un consumo estimado.
En días anteriores, Alfredo Macías señaló que en la Ciudad de México estaban integrando una carpeta con los casos similares, ya que la problemática se presentó también en las ciudades de Monterrey y México, lugares en donde la empresa española tiene injerencia.
Añadió que si las irregularidades no se aclaran la empresa podría recibir multas de hasta 200 mil pesos por cada denuncia.
INTERVIENEN DIPUTADOS
Por su parte, el Congreso del Estado exhortará a la Procuraduría federal del Consumidor a que revise todas las quejas que se han presentado por el incremento de hasta 300 por ciento en las tarifas por el servicio de gas en Coahuila.
Los diputados pidieron respeto a los derechos de los usuarios. Azucena Ramos y Lilia Gutiérrez Burciaga, legisladoras priístas, presentaron un punto de acuerdo en el que señalaron que se debe iniciar una investigación para determinar si los aumentos en los cobros están justificados o si se están vulnerando los derechos de los usuarios del gas.
