A un año del movimiento Me Too, las denuncias públicas por violencia de género en redes sociales siguen vigentes y continúan a través de páginas de colectivos y defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Aunque en la mayoría de los casos las denuncias son anónimas, expertos en la materia indican que de contar con los indicios y datos suficientes, estas denuncias podrían dar paso a una investigación por parte de las autoridades si así lo valoran.

Esto luego de que en las últimas 24 horas, páginas de colectivos feministas contra la violencia digital y física, dieron a conocer dos casos concretos, el primero de ellos en la ciudad de Torreón y el segundo en la Ciudad de México contra una saltillense y que en su descripción ambas denunciantes señalan atravesarse a denunciar públicamente tras la sentencia del hombre que expuso y vendió los packs de varias jovencitas en Monclova.

Gerardo Pérez, abogado consultado por VANGUARDIA, señala que las consecuencias podrían ser en el ámbito penal y el civil; en el primero de los casos toda vez que aunque los indicios que expongan las víctimas sean breves, de contar con los datos suficientes las autoridades podrían abrir una carpeta de investigación dependiendo del caso.

“El ámbito penal (para las víctimas) estas denuncias podrían ser un indicio muy leve, pero si existen datos como el nombre, domicilio, alguna referencia sobre el hecho que se atribuye podría en todo caso podría permitir que la investigación se inicie con fundamento en dicha denuncia, pero eso solo a juicio de la autoridad”, detalló.

Aunado a ello, en el caso de ser violencia digital, la reciente aprobada “Ley Olimpia”, en Coahuila castigaría entre 3 y 6 años de prisión a quien publique sin consentimiento imágenes de desnudos de otra persona.

Respecto a los señalados en dichas publicaciones deberán guardar los datos generales, de lo contrario al exhibirse en las páginas de grupos, colectivos o cualquier medio de comunicación, podrían ser acreedores a un año de prisión por el delito de discriminación delictuosa si la persona señalada decide proceder.

“El artículo 239, del Código Civil de Coahuila señala que se impondrán de tres meses a un año de prisión, o de seis meses a un año de trabajos comunitarios, o de libertad condicional y en cualquier caso de 300 a 500 días de multa, a quien por razón de edad, sexo, género, embarazo, estado civil, raza, origen étnico, idioma, religión, ideología, preferencias sexuales, color de piel, nacionalidad o posición social, trabajo o profesión, características físicas discapacidad o estado de salud”, detalló.

En este sentido, y además de la implicaciones legales y las consecuencias fatídicas, como el suicidio de un músico saltillense que en el mes de junio del 2019 se suicidó tras ser señalado en una página de Twitter del movimiento Me Too, las redes de colectivos feministas han modificado sus protocolos de denuncia y autenticidad de las mismas.

Mientras que en los distintos “Tendederos de la vergüenza”, que se han colocado en diferentes eventos a lo largo de este y el año pasado, las organizadoras han cuidado que no se revele la identidad de los agresores, ni de las mujeres víctimas de violencia por lo que ofrecen asesoría para iniciar un proceso legal, así como acompañamiento psicológico.

Sin embargo, aún existen páginas que incurren en algunas faltas contra los presuntos señalados y que al mismo tiempo entorpecen la labor de las autoridades.  De acuerdo con los expertos, para prevenir denuncias penales en contra los colectivos deberían guardar la misma secrecía en ambos casos al tratar las denuncias públicas.

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