La senadora panista Silvia Garza Galván aseguró desde la tribuna de la Comisión Permanente que, tras la detención en España de Humberto Moreira, hoy el Estado mexicano debe demostrar que es capaz de aplicar la ley.
 
Sería un error imperdonable --afirmó-- que siga quedando impune el fraude más grande perpetrado en contra de la población coahuilense y que en consecuencia continúe la clara falta de interés por parte del gobierno mexicano de hacer justicia, perseguir a los culpables, transparentar el destino de los recursos obtenidos con la deuda y recuperar el dinero robado de las arcas del estado.
 
Solicitó a la  Procuraduría General de la República  iniciar de manera inmediata una investigación por los hechos constitutivos de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cometidos por el ex gobernador de Coahuila, así como  se nombre a un fiscal especial que encabece las indagatorias.
 
Consideró que el fiscal especial deberá contar “con probada independencia, autonomía y solvencia moral, para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes a los hechos constitutivos de delito cometidos por el también ex presidente nacional del PRI, se transparente el destino de los recursos obtenidos con la deuda, y se recupere el dinero robado de las arcas del gobierno de Coahuila.
 
Asimismo, en un punto de acuerdo suscrito por los senadores Garza Galván y Luis Fernando Salazar Fernández, así como los diputados César Flores Sosa y Karla Karina Osuna Carranco, los legisladores panistas solicitaron a la PGR que, a través de dicho fiscal especial e independiente, se lleven a cabo las investigaciones correspondientes por los actos de corrupción cometidos por otros gobernadores y ex gobernadores de las diversas entidades federativas del país.
 
Exhortaron al Ejecutivo federal a colaborar eficazmente con las investigaciones iniciadas en los países de España y Estados Unidos de América, mediante el intercambio de información “que contribuya a la procuración de justicia en los procesos seguidos en contra del ex gobernador Humberto Moreira Valdez y demás ex funcionarios del gobierno de Coahuila”.
 
Conminaron a la Secretaría de Hacienda, al Servicio de Administración Tributaria, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, derivado de la investigación que lleve a cabo la PGR, implementen las acciones necesarias para “dar con el destino de los recursos y recuperar el dinero robado y regresar los recursos a las arcas del estado de Coahuila”.
 
En este sentido, pidieron a la Auditoría Superior de la Federación auditar los ejercicios fiscales comprendidos entre los años 2005 y 2011, correspondientes a la gestión de Humberto Moreira Valdez.
 
Los legisladores también pidieron al actual titular del Ejecutivo del estado de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, para que “solicite licencia y se separe de su cargo para facilitar que las autoridades correspondientes lleven a cabo las investigaciones que permitan deslindar las responsabilidades correspondientes”.
 
Recordaron que el pasado 15 de enero el ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI fue detenido por la Policía Nacional española en el aeropuerto de Barajas, Madrid, tras una investigación iniciada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), adscrita a la Comisaría General de la Policía Judicial del gobierno de España.
 
Moreira Valdez, refirieron, fue acusado de los delitos de lavado de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho, organización criminal, entre otros, fue ingresado a la prisión de Soto del Real tras una orden emitida por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.
 
Según la información dada a conocer hasta ahora de manera pública, la Fiscalía de ese país inició la investigación desde hace un año, luego de conocer que había realizado transferencias desde Estados Unidos a España, detectando movimientos hasta por 200,000 euros, el equivalente a 3.9 millones de pesos que se habrían realizado en el año 2013.
 
En tanto, autoridades judiciales en Estados Unidos de América han acreditado, durante los años 2012 y 2013, una red de corrupción, de aproximadamente 13 personas, para lavar cerca de 3 mil  millones de pesos en cuentas y bienes ubicados en dicho país, robados del erario estatal.
 
Destacaron que es “lamentable que la mega deuda de 36 mil millones de pesos contraída por el entonces gobernador Humberto Moreira, mediante la falsificación de documentos, el daño patrimonial ocasionado a todo el pueblo coahuilense y la comisión de una serie de ilícitos para que ello sucediera, pasen desapercibidos para las autoridades de nuestro país, que ha sido el afectado directamente”.
 
Más lamentable aún, agregaron, sería el hecho de que tras la detención de Humberto Moreira en España, las autoridades mexicanas sean omisas en investigar sobre el endeudamiento masivo de la entidad y sobre las operaciones irregulares que ya han sido acreditadas en otras naciones, y respecto de las cuales no se han fincado responsabilidades en nuestro país y mucho menos se han llevado a los responsables ante la justicia.
 
La propuesta se turnó a la Primera Comisión de la Permanente para su análisis y dictamen.