De acuerdo con una carta abierta al presidente de la Cámara de Diputados, José de Jesús Zambrano Grijalva, por parte de una serie de instituciones sociales, académicas y civiles que incluyen al CIDE, Fundar, Transparencia Mexicana, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Mexicanos Contra la Corrupción, México Evalúa, Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, Barra Mexicana Colegio de Abogados, IMCO, Coparmex, Red por la Rendición de Cuentas, Causa en Común y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre muchas otras, se manifiesta que...

“Debe ser eliminada la inclusión de último momento de la disposición contemplada en el artículo 32 de la llamada Ley 3de3, sin diagnóstico previo y sin racionalidad aparente,  donde se obliga a la declaración patrimonial, de intereses y fiscal  a las personas físicas o  morales que reciban y ejerzan recursos públicos o contraten bajo cualquier modalidad con entes públicos además de aquéllas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales que tengan tratos con el Gobierno.  Una legislación de esta naturaleza implica, por ejemplo, que aquellos estudiantes que reciban becas a través del Conacyt, o los beneficiarios de programas para adultos mayores, tendrían que presentar estas tres declaraciones.

Consideramos que esta disposición es un contrasentido.  El Gobierno ya cuenta con un sistema de información suficiente sobre los ciudadanos —sus declaraciones fiscales— y por el mandato de sus funcionarios y representantes, es el Gobierno quien debe rendir cuentas a la soberanía.

“Creemos que esta disposición carece de viabilidad técnica, obstaculiza el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y banaliza la utilidad de estas herramientas orientadas a la prevención y detección de actos de corrupción. Por ello, conminamos a los diputados  a que, en ejercicio de sus atribuciones como Cámara revisora, eliminen el artículo 32 en mención de la minuta de la Ley General de Responsabilidades que tienen en estos momentos bajo su análisis.

Avalan ley en ‘fast track’
De trámite, sin debate y vía “fast track”, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados avaló las cinco minutas del Sistema Nacional Anticorrupción que diseñó y debatió el Senado de la República.

Los diputados aprobaron la ley 3de3, la creación de la Fiscalía General Anticorrupción, las modificaciones al Código Penal Federal para castigar los “moches” y todas las que incluye el Sistema Nacional Anticorrupción.

La Comisión de Transparencia acordó avalar, por unanimidad, las minutas en lo general, y que en el pleno de los 500 legisladores se debatirán todas las reservas a diversos artículos en lo particular, en la sesión de este jueves.