En los casos admitidos desde noviembre de 2012 en el Mecanismo de Protección para personas Defensora de Derechos Humanos y Periodistas hay 519 personas que denunciaron estar en riesgo por su profesión.

Se trata de 300 defensores de derechos humanos y 219 periodistas que solicitaron la protección del Estado mexicano después de haber sido víctimas de violencia o amenazados por su labor periodística o activismo.

Las cifras oficiales sobre cómo funcionó el Mecanismo en tres años y medio indican que en 38% de los casos la amenaza proviene de una autoridad gubernamental, en 31% de particulares y el resto permanece sin identificar.

La mitad de los casos de agresión contra defensores y periodistas ocurren en Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, según los datos que entregó la Secretaría de Gobernación a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) sobre el Mecanismo.

“México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos y los periodistas. Las agresiones contra defensores y periodistas ocurren con frecuencia, lo que genera un clima preocupante de autocensura e intimidación”, indicó esa Oficina y las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) después de evaluar los avances y deficiencias del Mecanismo.

En un informe presentado este jueves, PBI y WOLA enlistaron los desafíos a los que se enfrenta este Mecanismo para lograr el objetivo de proteger a defensores de derechos humanos y periodistas que son violentados por su labor.

-Impunidad. La falta de investigación y sanción contra los perpetradores de los ataques es el principal riesgo al que se enfrentan los defensores y periodistas amenazadas o violentados. “Si no se hace frente a la impunidad que prevalece en los casos, las medidas de protección brindadas por el Mecanismo jamás podrán garantizar plenamente la seguridad de las personas en situación de riesgo”.

El gobierno federal registra 103 casos de periodistas asesinados entre el 2000 y 2015. Pero la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) sólo tiene 31 indagatorias desde julio de 2010 vinculadas a homicidios de periodistas.

-El Mecanismo no cuenta con suficiente personal. 37 funcionarios públicos están a cargo de organizar y dar seguimiento los 316 casos vigentes; además de recibir y analizar nuevos casos y de implementar medidas de protección y de prevención.

–Problemas de presupuesto. Al final de cada año ocurre que no hay fondos disponibles para viajes y otros gastos vinculados al personal del Mecanismo. Los mismos funcionarios tienen que solventar estos gastos, pero la evaluación o seguimiento de muchos casos se frena hasta que se aprueba y entrega un nuevo presupuesto, lo que provoca que los casos se acumulen.

-Reevaluación y actuación lenta. El Mecanismo no reevalúa inmediatamente los casos en que un periodista o defensor es atacado nuevamente cuando ya existen medidas de protección a su favor. Esto implica que la estrategia de protección no se actualiza de inmediato y el defensor o el periodista puede permanecer desprotegido sin importar el nivel del riesgo.

-Medidas de protección desfasadas. Todavía ocurre que el cuerpo policial identificado como el agresor es el mismo que se asigna para proteger al defensor o periodista. “Hay una preocupación constante acerca de la calidad del análisis de riesgo que realiza el personal del Mecanismo para determinar las necesidades de protección”.

-El acceso al mecanismo es difícil sin acompañamiento externo. Los defensores y periodistas que reciben apoyo de organizaciones civiles o internacionales reciben un trato más serio y oportuno.

En esta evaluación de WOLA y PBI se reconoce la labor del gobierno federal para implementar el Mecanismo pero señala que la atención para defensores y periodistas todavía es lenta y presenta fallas durante el análisis y evaluación de casos.

“El Mecanismo es una solución de corto plazo a la inseguridad que enfrentan los defensores y periodistas en México; defensores y periodistas siguen siendo víctimas de difamación, amenazas y agresiones hasta que las autoridades investiguen estos delitos y lleven sus autores ante la justicia”.

Sólo en 2015 se registraron 397 agresiones contra periodistas, un aumento del 22% en comparación con 2014, según los datos de Article 19.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, al menos veinte periodistas han sido asesinados.