Rafael Murua Manríquez, de 34 años, apareció muerto el 21 de enero en una brecha a 40 kilómetros de San Ignacio Santa Rosalía, Baja California Sur. Era director de la radio comunitaria Radiokashana, en Mulegé y se convirtió en el primer periodista asesinado en 2019. Un mes después, Samir Flores Soberanes fue tiroteado en su casa de Amilcingo, Morelos. Dirigía la radio Amiltzinko y era un activista contrario al Proyecto Integral Morelos. 

Estos comunicadores son las dos primeras víctimas mortales de ataques contra periodistas en 2019. La organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, denunció que diez informadores fueron asesinados en México durante el pasado año, el primero con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia.

“La violencia contra periodistas y medios de comunicación no cesó, por el contrario, mantuvo el crecimiento constante que se observó desde hace doce años”; dijo Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, durante la presentación del informe “Disonancia: voces en disputa” que analiza diversos aspectos del derecho a la información durante el último año. 

Rafael Murúa, de Baja California Sur; Samir Flores, de Morelos; Santiago Barroso, de Sonora; Telésforo Santiago Enríquez, de Oaxaca; Francisco Romero, de Quintana Roo; Norma Sarabia, de Tabasco; Rogelio Barragán, de Morelos; Edgar Alberto Nava López, de Guerrero; Jorge Celestino Ruiz, de Veracruz; y Nevith Condés Jaramillo, del Estado de México son los periodistas asesinados durante el pasado año. 

Los homicidios son la agresión más grave contra periodistas. Sin embargo, la organización internacional detectó 609 casos de ataques contra informadores y medios de comunicación. 

El pasado año fue el que Artículo 19 registró más ataques contra comunicadores en la última década. En 2009, todavía con Felipe Calderón en el gobierno, fueron 238. En 2013, el primer año de Enrique Peña Nieto al frente del ejecutivo, ascendieron hasta los 330. El expresidente cerró su sexenio con 544 agresiones en 2018. 

En la última década, Artículo 19 contabilizó 3 mil 918 agresiones contra periodistas y 92 asesinatos de informadores por posible relación con su labor. 

De este modo, 2019 fue el año en el que Artículo 19 detectó un mayor número de ataques contra medios de comunicación, lo que supone un incremento del 11% respecto al año anterior. Los datos indican que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se agredió a un periodista cada 15 horas. 

Las agresiones varían desde los diez asesinatos hasta el allanamiento, que ocurrió en 17 ocasiones, las amenazas (144), ataques a bienes materiales (40), ataque a medios de comunicaciones digitales y sistemas informáticos (6), Ataque físico (62), bloqueo, alteración o remoción de información (60), desplazamiento forzado (12), intervención o vigilancia ilegal de comunicaciones (16), intimidación u hostigamiento (166), privación de la libertad (28), tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes (3), uso ilegítimo del poder público (46). 

Sobre los victimarios, la organización denuncia que los funcionarios siguen siendo las figuras que más ataques perpetran, con 256, seguidos de atacantes desconocidos (151), particulares (131), crimen organizado (49) y partidos políticos (13). 

Las coberturas sobre corrupción y política son las más riesgosas, ya que acumulan 339 de las agresiones documentadas, seguidas de seguridad y justicia (133), movimientos sociales (62), Derechos Humanos (51), sector privado (17) o tierra y territorio (7).

Ciudad de México (84), Quintana Roo (57), Guerrero (51), Puebla (34) y Oaxaca y Veracruz (ambos con 33) son los estados con mayor número de ataques registrados. 

Uno de cada cuatro agresiones, el 27%, fue dirigida contra mujeres. 

“Un factor que impulsó el incremento de agresiones en la Ciudad de México fue la estigmatización de la prensa por el Estado. Hubo múltiples ataques a periodistas que cubren las conferencias de prensa matutinas del presidente o que publican artículos críticos sobre la gestión del ejecutivo”, dice el informe.

Recuerda el documento que los discursos beligerantes del presiente en las mañaneras, en los que ha ubicado a diversos medios como “adversarios”, son replicados posteriormente tanto por dirigentes políticos a nivel local como en redes sociales, donde son habituales las campañas de desprestigio contra comunicadores a los que se califica de “chayoteros” o “vendidos”.

El informe recuerda las investigaciones de Signa Lab, que ha detectado acciones coordinadas en redes para desprestigiar a medios a los que el gobierno considera que mantienen una línea contraria a sus intereses. Cabe recordar que recientemente un estudio de Artículo 19 y Signa Lab publicado por Aristegui Noticias desveló el uso de Notimex, la agencia de noticias del Estado, para atacar a diversas informadoras. Preguntado por esta cuestión, López Obrador se limitó a decir que él cree tanto a Carmen Aristegui, una de las damnificadas, como a Sanjuana Martínez, directora de Notimex. 

El informe critica que López Obrador “ha decidido neutralizar o anular a cualquiera que busque cuestionar su relato”, y critica el control y la polarización registradas durante el último año. “Los ataques a la prensa y a la sociedad civil lanzados desde la silla presidencial, en forma de estigma, son intencionados, como cualquier otra agresión, y buscan convertir al mensajero en el mensaje”, dice. 

La impunidad es una característica clave del contexto de agresiones contra los periodistas. Según documentó Artículo 19, de los mil 614 casos registrados desde la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión?, solo 14 obtuvieron sentencia, lo que implica un 99´13% de impunidad. 

“Casos emblemáticos, como los de Aristegui Noticias y los periodistas Humberto Padgett y German Canseco, o el de Sergio Aguayo, evidenciaron que las autoridades judiciales y de la judicatura mantienen patrones de impunidad en los que la justicia sigue confundiéndose con la venganza”, dice el documento.

Todo ello en un contexto de nuevo gobierno que, como recuerda Artículo 19, llegó al poder con la promesa de que se había acabado la censura y los ataques contra los medios. 

Destaca la ONG como elementos positivos el reconocimiento de la violencia perpetrada en el pasado y la apropiación del espacio cívico feminista. Sin embargo, observa con preocupación la polarización que viene registrándose en la esfera pública. 

El informe también aborda el gasto económico del gobierno de López Obrador en publicidad oficial. En total, el actual gobierno presupuestó 4 mil 258 millones, frente a los 10 mil 725 de Peña Nieto. Esto implica una reducción de casi el 50%. Finalmente, el gasto apenas sobrepasó los mil 500 millones de pesos. 

Dos grupos empresariales se llevaron el 20% de todo el presupuesto: Estudios Azteca S.A. de C.V., que recibió el 10,87% de la inversión presupuestaria y Grupo Televisa S.A.B., con el 10,84%.

El informe es crítico también con las políticas de acceso a la información aplicadas por el gobierno de López Obrador. “Ha habido importantes retrocesos y la federación dejó de ser un referente en el cumplimiento de obligaciones en materia de acceso a la información, con un incremento en la falta de atención a solicitudes de información, así como en el incumplimiento de las obligaciones de transparencia y centralización de la información”, dice.

Hasta el 28 de noviembre de 2019 se presentaron 259 mil 526 solicitudes de acceso a la información, con un 6,59% de respuestas que ameritaron revisión. Es el año en el que más preguntas ser formularon y también en el que más recursos se presentaron.