Las alertas por la construcción del Paso Express de Cuernavaca llegaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desde 2014, cuando el gobierno de Morelos anticipó de los  riesgos por su edificación.

De acuerdo con un reporte del testigo social para la licitación, Enrique Alcántara Gómez, fechado el 5 de diciembre de ese año, la autoridad estatal refirió que la construcción de esta obra presentaba el mayor número de problemas, "principalmente por la invasión del derecho de vía, como afectación al medio ambiente, problemas difíciles de solucionar por el tiempo que los invasores tienen en sus predios y además la afectación a los bosques”.

Ante este escenario, el gobierno de Morelos señaló que se inclinaba más por la edificación de un segundo piso, que por el Paso Express.

Sin embargo, el testigo social en este mismo documento señaló que en la parte técnica no se observaba ningún problema, “ya que como obra nueva cumple con los requisitos de terracerías, drenajes, subdrenajes, pavimentación y obras marginales correspondiendo los alcances de este proyecto y su congruencia con las bases, anexos y convocatoria”.

Un problema que el testigo social sí encontró fue el hecho de que la licitación inició “sin la certeza de poderse llevar a cabo en el tiempo y con los costos considerados originalmente y con  una autorización de presupuesto no real para los fines que persiguen”.

 “De acuerdo a la relatoria de hechos, referentes a los riesgos que presenta el Paso Expres, a estas fechas (diciembre 2014) no existe solución alguna, sino solamente puntos de vista de posible solución, iniciando estos trámites con el gobierno del Estados”, señaló Alcántara Gómez.

 El testigo social informó que su designación para estar en la licitación se llevó a cabo por la titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, María del Carmen Tozcano Sánchez.