Uno de los recursos más socorridos de los políticos mexicanos, cuando quieren “librarse” de las preguntas incómodas, es la de “aventarle la pelotita” a alguien más a partir, entre otras cosas, del cálculo de que quien cuestiona “se cansará” de ir preguntando de aquí para allá.

Así pues, frente a las preguntas incómodas, lo cómodo es “derivar” el cuestionamiento y señalar en la dirección de quien, al menos en teoría, sí está obligado a saber y, por ende, a contestar.

Ésa pareciera ser la estrategia a la cual decidió recurrir el secretario de Desarrollo Social de Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, quien al ser cuestionado respecto de la distribución, a través de la dependencia a su cargo, de bienes adquiridos a través de empresas “fantasma” dijo no saber cómo se dieron tales contrataciones.

¿Por qué el funcionario no tiene información respecto de la forman en la cual se adquirieron tales bienes? La respuesta es simple: porque las adquisiciones se hacen a través de la Secretaría de Finanzas.

De entrada habrá que creerle al secretario Fuentes Ávila, pues si él afirma que los procesos de licitación, en esta administración, se realizan de forma centralizada, seguramente lo dice porque debe ser cierto. Por lo demás, no existe razón para dudar de su palabra.
Más allá de las dudas que cada quien quiera poner sobre las declaraciones del titular de la Sedesol estatal, lo que el secretario Fuentes acaba de hacer es proporcionarnos la mejor pista para que la madeja de las contrataciones “fantasma” sea desenrollada: todas las respuestas las tiene el secretario de Finanzas, Ismael Ramos Flores.

Porque si las adquisiciones, como afirma su compañero de gabinete, constituyen un proceso centralizado, y ninguna otra dependencia tiene responsabilidad alguna en la asignación de contratos, todas las claves de la contratación se encuentran en la dependencia de Ramos Flores.

Pero además de proporcionar la clave más importante para tener claro quién está obligado a proporcionarnos todas las explicaciones, el titular de la Sedesol estatal ha también apuntado en la dirección otra de las sospechas más extendidas en el servicio público: la razón por la cual se busca la centralización de las adquisiciones, pese a los múltiples señalamientos existentes respecto de su reiterada ineficacia.

La respuesta que todo mundo sospecha es que la centralización, más allá del ahorro que teóricamente significaría al permitir economías de escala, es que las adquisiciones concentradas permiten, a quienes manejan el proceso, instalarse cómodamente en la isla de la corrupción.

Las millonarias contrataciones a empresas “fantasma”, que ya provocaron la caída de la exsecretaria María Esther Monsiváis, parecieran confirmar la especie y darle la razón a quienes creen que pensar mal conduce al acierto. Cabría esperar que el poseedor de todas las claves para desentrañar el misterio, el titular de Finanzas, tuviera una explicación convincente y no tarde mucho en ofrecerla públicamente.