El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso al Congreso de la Unión 11 prioridades que deberían resolver sobre dos objetivos: “implementación eficaz y completa de las reformas” y el “fortalecimiento del Estado mexicano en favor de la democracia, gobernabilidad y legalidad.”

En su mensaje semanal, el presidente de dicho organismo, Gerardo Gutiérrez Candiani, consideró necesario tomar decisiones frente a desafíos como “enfrentar la volatilidad internacional y, al mismo tiempo, reactivar el consumo, la inversión y el mercado interno.”

Asimismo, afianzar el aterrizaje de las reformas, sin descuidar los retos de corto plazo, aunque también poner énfasis en la ética y el control ciudadano.

Estas son las 11 propuestas del sector privado para los legisladores:

1. Implementación de medidas en la legislación fiscal para impulsar el crecimiento, la inversión, ahorro y empleo. Sustentarla en principios de “eficiencia, racionalidad y prioridad” y que la asignación de recursos permita al Estado cumplir con sus funciones esenciales y bajar gastos innecesarios y dispendios.

2. Concluir las leyes secundarias sobre transparencia y las relativas al Sistema Nacional Contra la Corrupción.

3. Aprobar un nuevo marco jurídico de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados a partir de la minuta aprobada por los diputados e incorporar ajustes que la enriquezcan para una mejor planeación de las obras y una mayor transparencia en licitaciones.

4. Impulsar la simplificación de los trámites para la constitución de empresas, es decir, reformar la Ley General de Sociedades Mercantiles.

5. Perfilar un marco legal que ratifique el derecho constitucional de los pueblos y comunidades indígenas, que establezca las precisiones pertinentes para no afectar la seguridad jurídica en obras y proyectos ni para desincentivar nuevas inversiones derivadas de reformas estructurales aprobadas.

6. Desvincular salarios mínimos y otros temas laborales que incluyen la reforma constitucional en la materia, así como establecer una nueva unidad de medida, con un método de actualización adecuado.

7. Trabajar en materia de subcontratación para sancionar malas prácticas, sin afectar a las empresas que utilizan el esquema de manera adecuada. Igualmente, para la tabla de enfermedades, cuidar la claridad en los diagnósticos.

8. Avanzar hacia un esquema de pensiones y de salud pública que tenga viabilidad financiera de largo plazo y fomente la formalidad en la actividad económica, así como la calidad en el servicio.

9. Sustituir servicios que no funcionan, mediante mecanismos como las asociaciones público-privadas, concesiones o subrogación para reducir gastos y costos laborales, generar ahorros y promover el empleo. Y en materia de pensión universal, cuantificar el costo del programa y sus implicaciones futuras para las finanzas públicas.

10. Definición de las reformas legislativas que contribuyan a resolver los problemas en materia de seguridad pública. “Es necesario retomar cuanto antes el análisis de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo en noviembre de 2014, con las prioridades de consolidar mandos únicos estatales; depuración y profesionalización de cuerpos policiales; infiltración del crimen organizado en municipios; redefinición de facultades en materia federal y estatal; impulsar un paquete de leyes para dar certeza jurídica a las fuerzas armadas”, según Rodríguez Candiani.

11. La agenda ambiental pendiente, como la ley de aguas. “Hay que garantizar que las leyes en materia de protección al medio ambiente sea compatible con el crecimiento económico y la certidumbre jurídica necesaria para invertir”.