De enero a la fecha, alrededor de 2 mil papás coahuilenses han recibido de parte de un juez o jueza una orden de restricción de convivencia con sus hijos y/o pareja por problemas de violencia familiar.

Miguel Mery Ayup, presidente del Poder Judicial estatal, señaló que en esto ha incidido la pandemia y la creación de los nuevos juzgados especializados en violencia familiar.

“Después de la pandemia sí se ha generado una mayor problemática en el seno de las familias, como lo ha sido la violencia familiar, en este sentido hemos podido dictar aproximadamente 2 mil órdenes de restricción de convivencia entre un hombre que ha violentado a su pareja”, dijo.

La orden de restricción es obligatoria para el hombre involucrado, mientras se define su situación legal con su pareja y sus hijos.

“Sí ha servido para hacer un llamado a los hombres, fundamentalmente, a una convivencia en otro sentido, respetuosa y no agresiva, a través de los juzgados especializados se envía un buen mensaje a la sociedad”, consideró.

Aclaró que quienes llegan a incumplir una orden de restricción judicial, se hacen acreedores a sanciones de carácter penal que pueden llegar hasta la privación de la libertad.

Informó que sí hay casos en los que se ha procesado a alguien por violar una orden de restricción de convivencia, aunque señaló no tener en ese momento la cantidad de personas en esa situación.