Los diputados “electrocutaron” ayer al país, al aprobar la polémica reforma eléctrica del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en perjuicio de empresas privadas, sobre todo de renovables.

Con 304 votos a favor, 179 en contra y cuatro abstenciones, la Cámara de Diputados envió al Senado la iniciativa preferente del presidente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica pese a las advertencias de empresas, abogados y los legisladores de oposición.

LOS CAMBIOS DE LA REFORMA

El principal cambio es eliminar el criterio económico para siempre despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.

La reforma también elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que participan privados, ordena revisar los contratos del Gobierno con particulares y cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Con carteles que decían “No vengo a robarles nada, vengo a devolverles todo”, los diputados de Morena presumieron el primer paso para revertir la reforma energética de 2013, que abrió el sector a la inversión privada.

OPOSICIÓN CUESTIONA

Los legisladores de oposición criticaron la ley al señalar la ineficiencia de la CFE por el apagón que afectó a 5.9 millones de usuarios en 23 estados la semana pasada y otro a 10.3 millones en diciembre pasado.

A este reclamo se sumó el PRI, autor de la reforma energética de 2013, que cuestionó que la iniciativa no contempla un plan de inversiones para la CFE pese a crear “un monopolio de Estado”.

La Confederación Patronal de la República Mexicana, que calcula que la reforma encarecería un 17% el costo de la electricidad, reiteró su postura en contra.

La reforma ahora pasará al Senado, donde Morena, PT y PES tienen 70 de los 128 escaños y después podría afrontar una revisión de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).