Si ha existido una preocupación constante en el mundo del Derecho, moderno y antiguo, ha sido sobre la capacidad que tienen los jueces y los funcionarios judiciales para mantenerse ajenos, o al menos alejados, de ciertas pautas ideológicas, de posturas sobre el bien y el mal, o sobre consideraciones sobre la vida buena, o sobre lo correcto y lo incorrecto.

Algunos argumentan que permitir que la ideología se entrometa en las decisiones judiciales vulnera a las exigencias básicas de la labor judicial: la neutralidad y la imparcialidad. También hay quienes argumentan que dicha neutralidad es una quimera irrealizable puesto que los jueces son humanos y, como tales, están arropados por factores psicológicos de los que no se pueden despojar a la hora de tomar una decisión; a la hora de ponerse la toga. Es decir, que es imposible pretender que la ideología no juegue ningún papel dentro de las decisiones judiciales, y que por ello es mejor hacer frente a este problema y aportar soluciones.

Qué tanto una decisión judicial pueda estar influenciada por una doctrina ideológica es también parte de las preocupaciones centrales de los teóricos de la argumentación jurídica, pues está estrechamente relacionada con el debate sobre la discrecionalidad judicial. Aunque debemos ser cautos con esta relación, pues aunque puede parecer estrecha, no hay ninguna relación de necesidad entre el rechazar el uso de ideología en las decisiones judiciales y el rechazo de la discrecionalidad o viceversa. Hay filósofos, como es el caso de Ronald Dworkin, que a pesar de arremeter en contra de la discrecionalidad judicial, aún así consideran imposible sostener que la ideología no se entrometa, al menos un poco, en las decisiones judiciales.

Pero la discusión ha estado fundamentalmente encaminada a ver de qué forma los jueces no deben influir los fallos judiciales a través de su propia ideología, pero no sobre cómo cierta ideología política puede cambiar o afectar los fallos judiciales.

Éste es un punto sumamente relevante cuando estamos pensando en elegir a través del sufragio a un candidato. Regularmente, los individuos cuando votan sólo piensan en la administración del Estado y pasan de largo el hecho de que esos sujetos también tendrán injerencia en la elección de los juzgadores. 

En una democracia, la única ideología que debe atender un juez es aquella del Estado de Derecho y los principios constitucionales. Sin embargo, una democracia se constituye por la competencia política de varios bandos: izquierdas, derechas, centros; y los individuos son tan diversos y plurales como la democracia lo permita. De eso se trata el juego democrático. Pero, también, ese juego impone reglas y criterios como la ley de pesos y contrapesos, que permiten la injerencia política (de los diversos matices) en la construcción del Poder Judicial.

Es decir, al final, termina siendo cierto que la política tiene facultad para poner sus manos dentro de la configuración del Poder Judicial. Sin embargo, no es un tema menor, resulta crucial para la salvaguarda de la democracia misma. Empero, es muy poco tratado en las contiendas electorales y me parece que ya es hora de que comencemos a preguntarnos, cuando evaluamos a un candidato: ¿qué clase de jueces serán elegidos por él o ella? La ideología y la jurisdicción, si no tienen una relación directa o estrecha, ambas se ven afectadas la una a la otra por vía de la mera interacción estatal; es obvio, pero no por ello, es menor.