El proceso electoral más grande de la historia de México está a la vuelta de la esquina, el año pasado en la disputa de las gubernaturas los analistas políticos mencionaban que las elecciones del Estado de México y Coahuila eran un “ensayo” para la elección del 2018.

He tenido el privilegio de participar como consejero local del INE en Coahuila en la elección local del 2017 y en la federal de este año y puedo decirles que conozco la entrega e imparcialidad de la estructura del INE.

Recientemente Bernardo Barranco publicó un libro titulado “El Infierno Electoral: El fraude en el Estado de México”. En la opinión pública, en el Estado de México y en Coahuila los dados estuvieron cargados para favorecer al candidato del partido en el Gobierno.

Lo importante de ese libro es que permite al ciudadano conocer los mecanismos del fraude, lo cual es el primer paso para neutralizarlo. Los autores evidencian los diversos niveles que tiene este mecanismo, lo que se conoce como “elección de Estado”. 

El primer nivel es la intervención de los Poderes federales que tienen la posibilidad de entregar ayudas económicas a la población, disfrazadas de programas sociales, para los cuales sus “beneficiarios” son las bases del partido político en el poder. Desde los más altos niveles se planean las acciones gubernamentales que beneficiarán al candidato oficial, sus apoyos sus discursos, su imagen y se diseña toda la campaña legal y sucia.

Resulta obvio que todo esto requiere de la ayuda de los órganos electorales y de los tribunales quienes por omisión conforman el segundo nivel contribuyendo así a la consumación del fraude. El tercer nivel lo forman los cuadros conocidos como la “estructura” del partido, que conocen perfectamente las condiciones socioeconómicas de los votantes, son ellos los que identifican a los posibles vendedores del voto, van casa por casa, dando o prometiendo recompensas al votante, facilitando su movilización para el día de la elección.

Son las zonas de mayor pobreza donde más facilidad hay para que esta “estructura partidista” penetre y logre su cometido.

Lorenzo Meyer advierte en el prólogo del libro “… el conjunto de acciones que se llevaron a cabo en las elecciones mexiquenses de 2017 debe verse como un ensayo de lo que desde el Gobierno, se intenta que ocurra en 2018 a nivel nacional”.

Hace unos días en reunión conjunta con el IEC y el INE Coahuila se analizaban estrategias a seguir como la distribución de los paquetes electorales a los funcionarios de casilla, su capacitación y la posibilidad de rechazos por la experiencia que tuvimos en la elección del año pasado.

El suscrito comentó que la elección de Coahuila y la del Estado de México habían sido elecciones de Estado y la presidente consejera del IEC reaccionó y comenzó a señalar que no era así y que la prueba es que los tribunales electorales le habían dado la razón al IEC.

La compra y coacción al voto se dio, sólo los que no quieren verlo no lo ven. Respecto a las sentencias de los tribunales electorales, tanto de Coahuila, como el TEPJF confirman la impresión de sentencias “a modo”, pareciera que primero tomaron una decisión y luego construyeron la sentencia en ese sentido. Habrá quien diga que lo pruebe. Qué mejor prueba que Fiscalización del INE demostró plenamente rebase de los topes de campaña de dos candidatos y luego los tribunales quitaron gastos a uno y los aumentaron al otro.

Las decisiones del TEPJF son inapelables e inatacables, pero para muchos ciudadanos también son inentendibles e inaceptables, aunque legalmente las acatemos.

El TEPJF abrió las puertas a la compra y coacción al voto, al revertir una decisión del INE que prohibía el reparto de tarjetas promesa, como las tarjetas rosas que se distribuyeron en la elección del Estado de México, también revirtió los lineamentos de piso parejo. Esos son los primeros datos concretos para sospechar en el 2018 se intentará una elección de Estado.

Recientemente salió la noticia de que ya se inició el reparto de “tarjetas rosas” en los Estados de México, Chiapas y Coahuila, aunque sea algo legal es inmoral aprovechar la pobreza con fines electorales.

Es lícito hacer promesas de campaña, es lícito aunque no ético el reparto de documentos para obtener beneficios de programas sociales en caso de ganar la Presidencia de la República, pero el levantamiento de un padrón de quienes se verían beneficiados no lo es, incluso es un delito electoral, cuidado, porque ya se está haciendo.

El peligro para México no es quien gane la Presidencia de la República, ni consiga una curul en las Cámaras; el peligro para México es una elección de Estado, porque si esto ocurre las fuerzas políticas pueden abandonar el camino pacífico para ser Gobierno y optar por la violencia, esto ya ocurrió y no podemos ignorar la guerrilla del México de los 70.

Recordemos a Miguel de Unamuno quien enfrentó al general fascista José Millán Astray en octubre de 1936, en plena guerra civil española a quien dijo: “Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis”.

Así podemos decir a quienes acarician la posibilidad de una elección de Estado, podrán comprar votos, magistrados, órganos electorales, o incluso imponerse por la fuerza, pero la ciudadanía cada día es más consciente y participativa y gobernar habiéndose impuesto no será fácil.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Lo primero es acudir a votar en libertad, aceptar la responsabilidad quienes salieron insaculados y denunciar cualquier intento de compra o coacción al voto, cuestionar al árbitro electoral o a los tribunales electorales si no cumplen cabalmente su función.

En ese sentido no deja de extrañar que nuevamente el TEPJF haya revertido una decisión del INE y permitido que otro candidato “independiente” vaya en la boleta, los argumentos manejados que no se le dio el debido derecho de audiencia y que el INE actuó desaseadamente fueron uno a uno rebatidos por la magistrada presidente del Tribunal, así como por el consejero Benito Nacif en la pasada sesión extraordinaria del Consejo General del INE y por el consejero Ciro Murayama en su excelente artículo publicado en Excélsior.  El exconsejero del INE Alfredo Figueroa tuiteó: “ordenar al INE que registre como candidato a Jaime Rodríguez Calderón a la Presidencia es actuar pro persona.  No, en realidad es hacerlo a favor de la delincuencia y la corrupción política”. El jurista Diego Valadés tuiteó: “infringir la ley y quedar impune es muy grave; pero infringir la ley y recibir un premio es alarmante”.

Las decisiones del TEPJF, en especial de algunos miembros, son preocupantes y dan la impresión de ir conformando una elección de Estado. Como consejero mi obligación es acatar la decisión del TEPJF. En mi calidad de ciudadano y con base en el derecho de libertad de expresión señalo la posibilidad de que la decisión del Tribunal forme parte de una elección de Estado. Por el bien del País ojalá y las fuerzas políticas, el Gobierno federal y las instituciones electorales recapaciten y antepongan la estabilidad política y social a los intereses personales.

La elección de Estado, con la complicidad del TEPJF, ya se inició, debemos señalarlo para poder inhibirla.