Para alivio de no pocos, las campañas políticas cesaron el miércoles anterior. De cualquier forma, el tema fundamental de todas las conversaciones es la elección y eso se traduce en una realidad concreta: los candidatos y los partidos callaron, pero nosotros seguimos hablando de ellos.

Con el cese del “ruido” electoral también llegaron a su fin las campañas políticas más violentas de nuestra historia, durante las cuales se registraron centenares de agresiones en contra de candidatos, dirigentes partidistas y funcionarios públicos vinculados a los procesos electorales.

Las cifras son escalofriantes y, aunque varían un poco dependiendo de la fuente consultada, está lejos de cualquier duda el hecho de encontrarnos ante un retrato terriblemente preocupante de nuestra realidad: Más de medio millar de actos de agresión documentados, uno de cuyos saldos es la existencia de 132 personas asesinadas, de las cuales 48 eran candidatos a un cargo de elección popular. Además, se han contabilizado 50 asesinatos de familiares de personas vinculadas a la actividad político-electoral.

Pero eso no es todo: de acuerdo con información divulgada en los últimos días, más de 5 mil 700 personas, originalmente registradas como candidatos a un cargo de elección popular, declinaron seguir participando en la contienda. Buena parte de ellas debido al clima de violencia en el cual se desarrollan los comicios en sus comunidades.

Un rasgo importante de la violencia registrada en este proceso es el hecho de mostrarse claramente como un ataque a las instituciones democráticas. Esto es así, porque los actos de violencia registrados en los últimos meses no estuvieron dirigidos en contra de individuos concretos a partir de su filiación, identidad o simpatía partidista, sino con el aparente propósito de influir en el resultado de la elección con fines distintos a los meramente políticos.

Por un lado, las víctimas de asesinato han sido, además de candidatos a un cargo de elección popular, dirigentes partidistas y funcionarios gubernamentales vinculados a la organización y sanción de los comicios. Por el otro, los candidatos asesinados militaban en las filas de ocho partidos nacionales diferentes, así como de un partido estatal e incluso se registraron entre candidatos independientes.

Otro aspecto importante del fenómeno es el relativo a su concentración: existen claramente regiones del País en donde la violencia se exacerbó. Tal es el caso de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Michoacán, en donde ocurrieron la mayoría de los homicidios documentados hasta ahora.

Finalmente debe tenerse en cuenta el rasgo más preocupante de este escenario: el 80 por ciento de los 132 asesinatos reportados corresponden a individuos vinculados a los procesos electorales a nivel municipal y casi el 20 por ciento restante corresponden al ámbito estatal. De todos los homicidios registrados sólo uno, el del coahuilense Fernando Purón, corresponde a una persona vinculada a las elecciones federales.

¿Cuál es la razón detrás de esta escalada en la violencia contra quienes participan en la lucha por el poder público en nuestro País? La intuición más  elemental convoca a suponer un intento abierto del crimen organizado por asegurarse, desde los comicios mismos, el control de las decisiones públicas y muy seguramente se trate del intento por controlar las decisiones en materia de seguridad pública.

En otras palabras, y para decirlo con todas sus letras, la monstruosa cifra de agresiones y homicidios padecida en el País en los últimos 200 días parece mostrarse como uno más de los saldos indeseables arrojados por la guerra contra el narcotráfico en la cual llevamos más de una década metidos.

Imposible soslayar esta parte de la realidad porque constituye la evidencia de un señalamiento reiterado largamente por múltiples voces: la violencia asociada con la actividad criminal no será superada pronunciando discursos o desplegando una política de comunicación social orientada a minimizar los datos crudos arrojados por dicho fenómeno.

Hace ya varios años los grupos delincuenciales –organizados o no– decidieron desafiar abiertamente al Estado Mexicano. Las cifras de esta elección parecen dejar claro cómo ese desafío no solamente persiste, sino incluso ha escalado y se ubica por ello como uno de los principales desafíos para quienes asumirán el poder a partir de los resultados electorales de este domingo.

La “fiesta democrática” a la cual todos desearíamos asistir mañana ha sido manchada de sangre. Pero incluso por encima de eso, el saldo arrojado por la actividad criminal obliga a cuestionarse si, al menos en el nivel municipal, los ciudadanos de algunas demarcaciones territoriales del País realmente podrán elegir con libertad a sus próximos gobernantes o deberán conformarse con avalar la selección realizada previamente por los delincuentes.

¿Cuántos gobiernos municipales surgirán de las urnas condicionados por la criminalidad, mañana domingo? Es una pregunta seria y su respuesta será, sin duda, uno de los primeros desafíos a los cuales deberá enfrentarse el nuevo Gobierno de la República y los mandatarios de todas las entidades del País.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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