La sentencia ha dejado reglas dispares para casos similares, mientras que los ediles podrán seguir en su cargo, el resto de funcionarios públicos deberá pedir licencia

Como era previsible, el Tribunal Electoral de Coahuila dio a la razón a los seis alcaldes electos de Coahuila que impugnaron el acuerdo del Instituto Electoral según el cual, si pretenden optar por la reelección, tendrían que separarse del cargo a más tardar el 28 de abril.

El fallo no debe sorprender a nadie, pues no solamente podía anticiparse la resolución, sino que de alguna forma puede decirse que la misma fue “provocada” por los partidos políticos.
En efecto, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una norma del Estado de Yucatán que obligaba a los legisladores de aquella entidad, que quisieran optar por la reelección, a separarse de sus curules para hacer campaña, quedó claro que en el resto del país ocurriría algo similar.

A nivel local, el acuerdo del IEC que ahora fue revocado se produjo a partir de una solicitud de “claridad en las reglas” que le formularon representantes partidistas al órgano administrativo y tal hecho derivó posteriormente en el fallo que hoy conocemos.

El problema es que la sentencia ha dejado ahora reglas dispares para casos similares, pues mientras los integrantes de un ayuntamiento que pretendan ser ratificados en el cargo podrán seguirse desempeñando su función, al mismo tiempo que hacen campaña, los demás funcionarios públicos —incluso los de elección popular— estarán obligados a solicitar licencia.

Así, por ejemplo, si un diputado local —o federal— pretenden postularse como candidato a Presidente Municipal, estará obligado a separarse de la curul durante el período comprendido entre el 19 de diciembre próximo y el día de las elecciones, lo cual no contribuye a la igualdad de condiciones para competir por los votos.

Más allá de estas disparidades, cabría esperar que el Instituto Electoral —o el Congreso del 
Estado— fijaran reglas que delimiten claramente la frontera entre el funcionario público que atiende sus responsabilidades gubernamentales y el candidato que busca los votos de sus conciudadanos.

Desde luego que es posible esta dualidad de circunstancias y es posible desarrollar un proceso electoral democrático contando entre los candidatos a funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Tal circunstancia ocurre cotidianamente en muchos lugares del mundo en donde la reelección es una realidad desde hace tiempo.

El problema en México es que existe una larga tradición de abuso del poder que conduce con insana frecuencia al uso indebido de recursos públicos para favorecer a candidatos determinados y tal circunstancia sin duda provocará que la contienda electoral del próximo año se desarrolle en medio de un mar de sospechas.

Cabría esperar por ello, que partidos y autoridades realicen un esfuerzo importante para garantizar que en lugar de atestiguar una contienda que permita a los ciudadanos elegir autoridades a partir del contraste de propuestas, el proceso de renovación de ayuntamientos se convierta en un permanente litigio.